Cápitas del PAMI: Los más afectados son los afiliados y los trabajadores de la salud

La intempestiva decisión del PAMI de transferir las cápitas del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra a la clínica privada Cruz Azul encendió la alarma en la ciudad: el sistema privado local tiene mucha menos capacidad que el sistema público, por lo que la quita representa, en principio, un encarecimiento de la prestación  para los afiliados y no una liberación, como plantean los libertarios, dado que ahora los afiliados de cualquier manera deberán pedir el traslado de su cápita al hospital local dado que en el cambio que hizo el gobierno no obtienen las prestaciones que precisan.

En ese proceso, además de afectar el sistema de salud público que debe prestar el servicio aún si la cápita está en la clínica privada, también perden los rabajadores de la salud, que en algunos servicios perciben ingresos complementarios a sus ya deprimidos salarios.

En ese contexto es que la semana pasada el intendente Arturo Rojas mantuvo una reunión con representantes de los gremios de salud y de los trabajadores municipales, quienes manifestaron su preocupación por el impacto económico y sanitario que podría desencadenar esta medida.

“Nos preocupa la reducción salarial para los trabajadores y, como ciudadanos, la atención de nuestros abuelos, que quedan desprotegidos”, expresó Gastón Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), tras el encuentro. Según indicó, el jefe comunal compartió el diagnóstico y consideró que la decisión fue “arbitraria y repentina”, con “un claro perjuicio económico” tanto para el hospital como para los empleados.

Díaz no dudó en vincular la medida con una estrategia política impulsada desde el gobierno nacional. “Es parte de una avanzada para desfinanciar lo público y beneficiar a algunos privados, perjudicando como siempre a los trabajadores y a los afiliados de PAMI”, sostuvo.

La preocupación no es sólo gremial, sino también sanitaria. Matías Rizzo, representante local de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), advirtió que el sistema privado no está en condiciones de absorber de inmediato a los 10 mil afiliados que eran atendidos en el nosocomio municipal. “Aunque se transfieran las cápitas, la gente seguirá yendo al Ferreyra, porque es el único centro que garantiza atención inmediata. Esto generará un fuerte desajuste en la salud local”, explicó.

El dirigente también remarcó que el dinero girado por PAMI al hospital tenía una función doble: no sólo garantizaba la atención médica, sino que también ayudaba a engrosar los sueldos del personal de salud. “Los magros sueldos se complementaban con esa recaudación. Por eso, la preocupación es doble: afecta a un sector vulnerable de la comunidad y al salario de quienes la sostienen con su trabajo”, detalló.

Durante la reunión, realizada en el despacho del intendente, también participaron integrantes de ATE, reafirmando la postura unificada de los sindicatos en defensa del sistema público y los derechos de los trabajadores.

Desde el Ejecutivo y las organizaciones gremiales coincidieron en que la comunidad debe hacer oír su voz para intentar frenar o al menos mitigar el impacto de la medida. Mientras tanto, crece el malestar entre los trabajadores y afiliados, que observan cómo una decisión administrativa tomada sin consulta termina debilitando los pilares de la salud pública local.