Conflicto con los serenos: La resolución de Bullrich que perjudicó a todos... incluyendo al gobierno nacional

Hay cosas del gobierno libertariano de Javier Milei que directamente no se entienden en ningún marco de lógica más que la de una completa (e innecesaria) displiscencia con cualquier iniciativa privada en detrimento directo con los intereses del país en sus mismos cimientos. El caso de los serenos de buques, cuya figura se declaró dispensable en todos los puertos del país, muestra cómo esa displiscencia incondicional está causando una destrucción que no beneficia a nadie, ni siquiera al propio gobierno.

En una conferencia de prensa realizada en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, la presidente Lic. Jimena López encabezó un encuentro junto a Darío Olivera y Aldo Fernández, representantes de la Mesa Portuaria, y Gabriel Vera, en representación del sindicato de serenos embarcados. Los trabajadores recurrieron al Consorcio para pedir alguna clase de asistencia frente al embate del gobierno nacional.

En nombre de la "desregulación" el Ministerio de Seguridad  sencillamente eliminó la obligatoriedad de la figura de sereno embarcado, precarizando la vigilancia en el sistema portuario, violando en el camino normativas internacionales y destruyendo fuentes laborales.

Reclamo en el Puerto

La medida expulsó del mercado laboral a 800 serenos portuarios de casi todo el país. En Puerto Quequén están acompañando a los serenos dentro de sus posibilidades, del mismo modo que lo hace en otros ámbitos locales donde el Estado Nacional provocó precariedad con sus recortes.

"Nos hemos reunido varias veces y, de hecho, este es el primer puerto del país que hizo una normativa, una resolución acompañando el legítimo reclamo que nosotros consideramos sobre las fuentes de trabajo", explicó la presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén en la conferencia de prensa junto a los trabajadores.

Trabajadores y sus familias esperaron afuera de la reunión esta mañana

Al tratarse de una decisión que baja del Ministerio de Seguridad de la Nación, el consorcio portuario, organismo provincial, sólo puede atenerse a cumplir con lo dispuesto por el gobierno en la capital, que es quien maneja las fronteras del país y su seguridad. "Este es un decreto firmado por la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo que suspende es la obligatoriedad de contratar serenos, por lo tanto el reclamo es un reclamo que tramita en jurisdicción nacional", agregó.

El problema de los serenos recrudeció cuando, después del decreto, solicitaron una medida cautelar para que se suspendiera y no lo consiguieron. A partír de ahí, comenzó su búsqueda por encontrar acompañamiento y tras su paso por el Concejo Deliberante hace apenas unas semanas, dirigieron su atención al consorcio portuario en busca de vías de solución.

Y en el Consorcio se buscaron alternativas. "Estuve en contacto con el Ministro de Trabajo, Walter Correa, para ver qué se podía hacer, con diferentes jueces y con todo nuestro equipo de asesores legales para buscar en qué podíamos acompañar y la verdad es que la limitación es certera", reconoció López y lamentó que "ahora en Necochea hay 16 familias más que están sin trabajo por una decisión del gobierno nacional".

"Hay que poner el foco del problema donde corresponde y los he invitado a los compañeros en reiteradas oportunidades a dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Nación para efectuar el reclamo en ese lugar", indicó. "La falta de serenos puede generar determinadas consecuencias y las consecuencias se generan por un decreto de la ministro de Seguridad de la Nación, que es lo que hay que tener en claro, porque si no, pareciera que es un problema local... o un problema autogenerado".

Para este caso, parece que la aplicación de la justicia vuelve a generar suspicacias. "En un país donde las cautelares salen como pan caliente, el único lugar que yo veo que no se da es en este tema. ¿Por qué no preguntamos qué pasó con esa cautelar?", sugirió la funcionaria.

Todos pierden

Más allá de las suspicacias que genera el escollo judicial de los serenos, la gravedad de la medida es que el propio Ministerio que debe reforzar la seguridad en todos los ámbitos, con sus medidas tiende a lo contrario en un ámbito sensible como son las fronteras: el trabajo de los serenos complementa las tareas de vigilancia de la Prefectura con un servicio privado, por lo que la salida de los serenos exige que ahora la Prefectura encarezca sus propias capacidades al demandarse mayor cobertura.

Y de la situación no se beneficia nadie. Por supuesto que no los serenos, que se quedan sin trabajo; pero tampoco el puerto, que se vuelve más riesgoso al tener menos vigilancia; y menos aún el gobierno nacional, que en lugar de controlar las fronteras, pareciera estar abocado a desguarecerlas, a provocar mayor desempleo y conflictividad de manera innecesaria.

En definitiva, ¿será solo la displiscencia mencionada la única razón por la cuál el gobierno tomó semejante curso de acción? Porque en todo esto sí hay un beneficiario, aunque su beneficio es irrisorio." Acá el único que se ahorra el costo es un armador chino, tailandés...estamos hablando de 1.000 dólares por barco, insignificante. En una proforma de un buque el costo para ellos es del 0,01%", se lamentó  durante la conferencia Darío Olivera, delegado en Necochea de FeMPINRA (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval R.A), acompañando el reclamo de los serenos.