El veto presidencial a la ley que contemplaba un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la actualización del bono a 110 mil pesos dejó al descubierto el verdadero núcleo del ajuste: la Provincia de Buenos Aires, donde vive la mayor parte de los beneficiarios del sistema previsional argentino.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la decisión de Javier Milei representa una pérdida de 468 mil millones de pesos por mes para los jubilados de todo el país, lo que se traduce en 5,6 billones de pesos en un año. Pero el dato más fuerte es territorial: casi la mitad del recorte recae sobre los jubilados bonaerenses.
En la provincia residen 2,36 millones de jubilados, es decir, casi cuatro de cada diez del país. Para este universo, la pérdida anual se calcula en 2,17 billones de pesos, con un impacto mensual de más de 181 mil millones.
La magnitud es tal que lo que dejan de cobrar los jubilados bonaerenses equivale a cinco veces lo que perderán los de Santa Fe y cuatro veces lo que resignarán los cordobeses.
Más allá de la estadística, la medida implica que cientos de miles de adultos mayores seguirán percibiendo ingresos por debajo de la canasta básica de la tercera edad, que ya supera los 600 mil pesos mensuales.
El veto no solo canceló la recomposición pendiente por la inflación de enero de 2024, sino también la posibilidad de actualizar el bono, lo que condena a los jubilados a una pérdida acelerada de poder adquisitivo.
El ajuste previsional en Buenos Aires no se limita a los jubilados: afecta a toda la red de consumo cotidiano.
Farmacias, almacenes, supermercados y pequeños comercios dependen en gran parte de los ingresos de los adultos mayores. La pérdida de 181 mil millones de pesos al mes en capacidad de compra significa un golpe directo a las economías del interior bonaerense, donde la jubilación suele ser el único ingreso estable de los hogares.
El recorte previsional también acentúa brechas históricas dentro de la provincia. Mientras en el Área Metropolitana hay más acceso a servicios de salud y asistencia, en muchos municipios del interior el ingreso jubilatorio sostiene no solo a la persona mayor sino a toda la familia.
Córdoba: 482 mil millones menos en un año.
Santa Fe: 448 mil millones.
Buenos Aires: 2,17 billones, es decir, más de un tercio de la pérdida total nacional.
Este contraste convierte al territorio bonaerense en el foco principal del ajuste previsional y explica por qué la medida no es solo económica, sino también política: cualquier cambio en el sistema jubilatorio repercute de manera desproporcionada en el distrito más poblado del país.
El CEPA advierte que el veto presidencial implica una transferencia regresiva de ingresos, quitando poder de compra a un sector especialmente vulnerable.
Con la inflación en ascenso y el bono congelado, el panorama se agrava: menos consumo, menos actividad y más dificultades para atravesar la vida cotidiana.