El Gobierno no retrocede y ratifica que no aplicará la Ley de Discapacidad

Tras la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el posterior anuncio de su no aplicación, la oposición empezó a motorizar una moción de censura contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso, lo que le podría costar su cargo.

Sin embargo, la estrategia del Gobierno es relativizar la embestida y reafirmó que no aplicará la ley, aunque amenacen con la remoción de Francos. El oficialismo dilata pidiéndole a los legisladores que especifiquen de dónde saldría el dinero para esa ley.

En el Congreso consideran que Guillermo Francos, con su rol de coordinador general del Gobierno, no está cumpliendo con el deber de respetar las decisiones parlamentarias, por lo que están avanzando en su interpelación y, eventualmente, su posterior remoción.

El artículo 110 de la Constitución Nacional es uno de los mecanismos de control que se incorporaron en la reforma de 1994 y establece que el Jefe de Gabinete, figura que también fue creada en ese año, “puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

En Casa Rosada señalan que esto es “electoralista” y descreen que puedan cumplir con el deseo de llevar al Jefe de Gabinete a una moción de censura.

“Es una diferencia de criterios entre dos poderes del Estado, porque no es que nosotros decimos que no vamos a aplicar la emergencia en discapacidad porque no queremos hacerlo, sino porque la ley de financiamiento dice explícitamente que todo proyecto votado en el Congreso que implique un aumento del gasto debe especificar de dónde sacará los recursos, lo cual no pasó en este caso”, argumentan en Balcarce 50.

Asimismo, confían en que la relación con los gobernadores, con quienes retomaron los diálogos tras las elecciones, mantendrá blindado a Guillermo Francos de una eventual remoción.

En cuanto al procedimiento, los números que maneja la gestión libertaria también son algo alentadores porque la oposición tendrá, antes que nada, que lograr que el pedido de moción de censura avance en la comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el oficialista Nicolás Mayoraz.

Si consiguen emplazar el tema para obligar a que se trate y obtienen posteriormente el dictamen, al momento de la votación requieren de una mayoría que, al menos por el momento, no está garantizada, aunque existe un temor de que se alcance.