144 aniversario de Necochea: El Municipio destruyó miles de documentos de su archivo histórico

La ciudad de Necochea cumple este domingo 144 años de historia desde que en 1882 quedara fundada la localidad por un grupo de vecinos liderados por Angel Murga. Los festejos previstos para este fin de semana fueron postergados por un mal pronóstico meteorológico y el asueto municipal no tuvo curso porque este año cayó en día domingo.

Precisamente en la búsqueda de la resolución municipal que establece si es que el asueto se iba a mover o no es que se hace evidente un faltante de información que, en principio, es falta de transparencia en la gestión, pero en lo profundo, representa la destrucción de propiedad pública de una manera que es penada por ley y podría traer consecuencias legales en el futuro para algunos funcionarios municipales.

Sucede que una búsqueda superficial en Internet puede llevar a cualquier vecino a descubrir lo que sucede con la web municipal: una buena parte del archivo de comunicados oficiales de la Municipalidad de Necochea fue manipulado, presumiblemente por personal del área de Prensa y Comunicación, eliminando una importante cantidad de información que representaba parte del archivo histórico de la ciudad, con fotos oficiales, audios de funcionarios, imágenes documentales y declaracioines públicas de funcionarios que actualmente se encuentran perdidos.

La mitad del archivo ya no existe

Se trata de un daño muy importante, prácticamente todo registro audiovisual entre 2015 y 2019 fue suprimido de la web municipal. Aunque los textos de las comunicaciones siguen disponibles, el acceso al material fotográfico (verdadero documento con información "dura" de los comunicados en la web) desapareció y las fotos no están disponibles.

Por ejemplo: en esta nota se borraron directamente las fotos oficiales en 2017 del ex intendente Facundo López con el ex presidente Mauricio Macri en el aeródromo de la ciudad. La nota reflejaba en ese momento los intentos infructuosos del intendente massista para entablar contacto con el gobierno nacional, cuyo referente local era el entonces presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Arturo Rojas, hoy intendente de la ciudad.

Este es el cartel que muestra la web municipal cuando alguien quiere acceder a una foto, audio o video publicado entre el 2015 y 2019

Casos así abundan en todo el archivo y dan cuenta de la destrucción ocasionada por orden de la subsecretaría de Prensa, cuyo responsable al momento del daño fue un muy cuestionado Alejandro Silva, que estaba al frente del aparato de propaganda del intendente en su doble rol de dueño de medio y a la vez funcionario de prensa del municipio. Con un fuerte desacuerdo con el ex intendente López, quien le habría negado el acceso a un cargo que finalmente consiguió con Rojas, Silva desde su cargo sería el primer responsable de la destrucción del archivo.

Audios y videos afuera

Y no sólo importantes fotos oficiales documentales fueron suprimidas. También se eliminaron audios con las declaraciones no sólo de los funcionarios municipales de esos años, sino también de funcionarios provinciales y nacionales que dejaron sus impresiones para el archivo oficial cuando visitaron la ciudad o cuando el intendente realizó gestiones en La Plata.

Todo el registro de esos actos de gobierno fue eliminado. Incluso algunos videos, que estaban disponibles en Youtube, fueron eliminados del canal oficial, como en el caso de este video en el que el intendente municipal informaba acerca de las tareas de nivelado de terreno que la gestión estaba haciendo por vía de administración para la pista de Atletismo en el Polideportivo Municipal.

Apenas un par de años después, la gestión del intendente Rojas recibió 50 millones de pesos para su concreción y la obra igualmente quedó a medias: a pesar de haber recibido los fondos, aún no anuncia cuándo será la segunda etapa de construcción que inventó para justificar la situación...

Daño de bienes públicos

La eliminación de los archivos va de la mano con otras prácticas que también reflejan la completa faltra de transparencia de la que echó mano la actual gestión municipal: Cuatro Vientos reportó en su momento que varios expedientes que comprometían a funcionarios en temas como la contratación de escenarios (sospechados de haber sido facturados con sobreprecios en varias fiestas comunales) habían sido quitados del archivo de la web municipal.

Si bien su ausencia no significa que habían sido eliminados, los expedientes (al menos 12 que debían estar disponibles al público) fueron removidos y al día de hoy no se encuentran visibles. Además, el orden de publicación de todos los expedientes del archivo de decretos y resoluciones fue alterado, de manera que resulta muy complicado encontrar algo en esa instancia.

La falta de acceso a la información pública y la manipulación de estos documentos representa un daño directo al derecho a la información de los vecinos, además de flagelar el archivo y patrimonio histórico de la ciudad en una completa falta de transparencia que ha signado completamente la gestión del actual intendente y sus operadores mediáticos disfrazados de periodistas. 

Problemas con la ley

El caso podría devenir en denuncias en lo sucesivo. Sucede que, contrario a lo que podrían pensar los funcionarios responsables, la publicación de comunicados en la web municipal construyen un archivo que esos propios funcionarios tienen el deber de preservar, no de destruirlo. De hecho, el daño a este bien público (el archivo digital del municipio) puede ser tipificado como un delito según el Código Penal.

Aunque se realizó desde la función pública, la eliminación de los archivos (con presumibles intenciones de eliminar los rastros institucionales de un adversario político) representa un perjuicio para el Estado Municipal, que perdió una importante base de registros causados por lo que sería la inquina personal de un funcionario. 

En el sitio oficial de Argentina se especifica que el Código Penal sanciona la conducta de "sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar registros o documentos electrónicos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público". En este caso la destrucción estuvoi a manos del funcionario en cuestión que debía garantizar su preservación.

En el Código Penal en su Título XII se encuentran tipificados los delitos contra la fe pública, que van desde la falsificación de monedas, certificados y documentos oficiales hasta la supresión de los mismos. Según su texto, cabría una pena de prisión que podría alcanzar los 3 años de condena a aquel que "suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos". 

La eliminación de casi la mitad de las fotos digitales que el municipio debía preservar como archivo histórico, sin importar la bandería política o preferencia personal de los funcionarios, es un signo más de los tiempos, en los que se tejen relatos falaces a fuerza de supresión de documentos y construcciones arbitrarias que, aunque pareciera que nadie observa, se encuentran fuera de la ley y quedan en completa impunidad, degradando de manera irrecuperable la institucionalidad a niveles básicos.