El Gobierno enfrenta una dura batalla legislativa alrededor del Presupuesto 2026. Desde la oposición buscan firmar dictamen mañana martes y discutirlo a fin de mes, algo que inquieta al oficialismo, cuya intención es retrasar el debate para tratarlo en sesiones extraordinarias, con la nueva conformación del Congreso.
Hoy lunes hubo una reunión en la oficina de Martín Menem, de la que participaron: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y el libertario Bertie Benegas Lynch, titular de la estratégica Comisión de Presupuesto, con los diputados de la oposición dialoguista cercana al oficialismo. Son Daiana Fernández Molero del Pro; Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo que responde al gobernador de San Juan Marcelo Orrego; Martín Arjol de los radicales libertarios; Pamela Verasay de la UCR de Mendoza del mandatario Alfredo Cornejo; José Luis Garrido de Por Santa Cruz, y los integrantes de bloques más distantes al oficialismo como Carlos Fernández del Frente Renovador de Misiones y Paula Oliveto Lago de la Coalición Cívica.
Quienes estuvieron ausentes fueron: de Unión por la Patria de Germán Martínez, de Encuentro Federal de Miguel Pichetto, de Democracia para Siempre de Pablo Juliano, que inicialmente se había comprometido a concurrir a la reunión de este lunes, y del Frente de Izquierda.
Bertie Benegas Lynch le pidió al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, que apure el llamado a sesiones extraordinarias para ganar tiempo y evitar que se firme el dictamen. Si bien, el Gobierno había anunciado la convocatoria la semana anterior, aún no hubo un llamado oficial.
Desde el sector más dialoguista acercaron varias propuestas al Ejecutivo que, de aceptarlas, modificarían el proyecto inicial que planteaban. Desde la Casa Rosada impulsan como bandera el equilibrio fiscal. Asimismo, aseguran que la inflación será del 10,1% para el 2026, un crecimiento de 5% del PBI e incluye un tipo de cambio oficial esperado de 1423 pesos por dólar. Entre las principales asignaciones se destacan 4,8 billones de pesos para las Universidades Nacionales, un aumento real del 5% en jubilaciones, 17% en Salud, 8% en Educación y 5% en pensiones por discapacidad, concentrando el 85% del gasto en educación, salud y jubilaciones.