Este lunes tuvo lugar la primera audiencia del jury de enjuiciamiento contra Julieta Makintach, la jueza que integró el tribunal que debía emitir sentencia en el caso que investigó la muerte de Diego Maradona, pero que fue apartada, y posteriormente anulado el juicio, al revelarse que la magistrada estaba filmando un documental del proceso, titulado “Justicia Divina”.
Entre los funcionarios que motorizan la acusación contra la jueza se encuentra la Fiscal General del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, quien fue categórica al expresar su parecer sobre el proceder de Makintach, y dijo: “Respondió a un guión de miniserie”.
La funcionaria judicial fue convocada por el Procurador, Julio Conte Grand, para que forme parte de la parte acusadora. El juicio se lleva a cabo en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores bonaerenses, en La Plata, y en su apertura estuvo presente la presidenta de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, quien dio inicio a la audiencia.
Julieta Makintach llegó tarde, casi dos horas después de iniciado el proceso, cuando ya se habían planteado los lineamientos por parte de la acusación como de los adjutores y el propio defensor de la magistrada acusada.
El tribunal de enjuiciamiento está integrado por 10 miembros, cinco de ellos integrantes del parlamento provincial y cinco abogados conjueces designados por sorteo.
Duarte, quien fue la primera en tomar la palabra, anticipó que se pedirá la destitución de a jueza y le atribuyó ocho faltas. Entre ellas, negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, la comisión de hechos incompatibles con la dignidad y austeridad del cargo, parcialidad manifiesta, violación de los deberes de funcionario público, abuso autoridad, revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
La jueza, Julieta Makintach, participó activamente de la filmación del documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, dando testimonios, revelando secretos de la causa y hasta habilitando locaciones del edificio de Tribunales de San Isidro, donde se llevaba adelante el proceso. También habilitó que se tomaran imágenes durante el debate y presionó para asumir un rol protagónico en el juicio, en función de lo que demandaba la producción audiovisual.
Producto de este accionar, una vez que el hecho tomó estado público, el juicio debió anularse y volvió a foja cero, en perjuicio de los familiares y amigos de Diego Maradona.