La Cámara Federal definirá si continúa la causa por las coimas en la ANDIS o se anula

En las últimas horas, el abogado defensor de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), elevó un pedido a la Cámara Federal de Comodoro Py solicitando que se anule la causa que investiga un sistema de coimas liderado por Karina Milei, Martín y Lule Menem, que se reveló a partir de audios filtrados del propio Spagnuolo.

El letrado planteó que se violó la intimidad de su cliente y que las grabaciones fueron “editadas o generadas con inteligencia artificial”. Según explicó, asumió la defensa esta semana y aguarda que se levante el secreto de sumario, lo que ocurrirá la próxima, para analizar el material completo. “Spagnuolo me dijo que los audios son falsos y que no es su voz”, insistió el abogado.

Desde que se inició la causa en agosto, esta fue la primera vez que Spagnuolo habló del tema. En los audios se lo escucha supuestamente hablar de un esquema de coimas en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad, involucrando a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, quienes presuntamente recibían un 3% en sobornos.

D’Alessandro fue más allá y mencionó la posibilidad de un espionaje ilegal con ramificaciones internacionales. Por ese motivo, reclamó la nulidad del expediente. En contrapartida, el fiscal federal Franco Picardi pidió rechazar el planteo al sostener que los audios no fueron tomados como prueba determinante y que “existen otros elementos que dieron inicio a la investigación”. Entre ellos, mencionó el decreto del presidente Javier Milei que dispuso la salida de Spagnuolo tras la difusión del material.

“Spagnuolo fue echado y no dijo que en los audios se usó inteligencia artificial. Cuanto menos llama la atención”, respondió el fiscal, quien además aclaró que “no hay una sola evidencia que demuestre espionaje ilegal”.

La audiencia marcó un cambio en la estrategia de defensa del ex funcionario, que hasta ahora había permanecido en silencio. También se sumó un nuevo giro: es el tercer abogado que toma su caso. Primero fueron Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes renunciaron a las dos semanas. Luego intervino de oficio la defensora pública Florencia Plazas, hasta que el lunes pasado D’Alessandro asumió formalmente.

El abogado de alto perfil, quien recientemente representó a Fabiola Yañez en la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, busca darle un nuevo impulso al expediente. Según sostuvo, podría existir un vínculo entre este caso y otro que tramita el fiscal Carlos Stornelli por la difusión de audios que involucran a Karina Milei, por lo que no descarta pedir que ambos procesos se acumulen.

La defensa también solicitó conocer el origen de las grabaciones y pidió un peritaje técnico, coincidiendo con el planteo del abogado Martín Magram, defensor de los empresarios Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, involucrados en la presunta red de pagos. Magram insistió en que el expediente es nulo porque se basa en material de origen desconocido y recordó que el tema ya se había investigado en 2024, causa que fue archivada.

Por su parte, Picardi y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe argumentaron que la investigación comenzó a partir de notas periodísticas y decretos presidenciales de Milei en los que se ordenaba la remoción de Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini. A su vez, defendieron la validez de las medidas judiciales, como los allanamientos realizados en ANDIS, la droguería Suizo Argentina y 25 domicilios particulares, en los que se secuestraron celulares, computadoras y documentación.

El fiscal subrayó que “no existe derecho a la intimidad cuando un funcionario público habla de hechos de corrupción”, y recordó que la Corte Suprema ya fijó ese criterio. Además, rechazó la hipótesis de espionaje ilegal y negó que Spagnuolo haya sido víctima de maniobras clandestinas.

La audiencia se extendió por dos horas. Ahora la decisión está en manos de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, quienes deberán definir si hacen lugar al pedido de nulidad o permiten que la investigación continúe su curso