Improcedencia y denuncia penal: Los dos recursos que podrían terminar con la subasta del Casino

Aunque al oficialismo municipal le gusta jactarse de que lleva años trabajando en su proyecto del Casino, basta con una revisión sencilla de la subasta que presentó al Concejo Deliberante para notar los desarreglos y omisiones que tiene la propuesta, dando una dura pauta: o fue redactada de apuro para la ocasión, sin mayor revisión; o quien redactó la iniciativa no tuvo en cuenta que sencillamente no tiene las atribuciones legales que cree que tiene.

El Ejecutivo intentó esta semana pasar el proyecto de manera express por el Concejo, tratando de forzar la votación en tiempo récord mientras  argumentaba que ya son varios años de espera sobre la cuestión. 

La falsa urgencia se replicó en la propaganda oficialista y su militancia digital, tratando de convertir su intención de vender el complejo como un concenso aceptado que existe más en expresiones propias que en la realidad de la calle: una y otra vez el Ejecutivo ha desestimado cualquier propuesta alternativa y repite el mantra de "venta" como si las afirmaciones de la propaganda fueran a cambiar el significado real de las cosas.

En la realidad, el trabajo del oficialismo sobre el proyecto no parece tan sesudo y profundo como cabría de esperar en una idea que supuestamente  fue trabajada por años. Al menos dos aspectos se presentan fuerte para probar lo anterior: su improcedencia legal y el "daño" al patrimonio público que podría devenir en causas penales sobre los responsables del acto, el intendente Arturo Rojas y su secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, principal promotor de la iniciativa. Quizá consciente de ese riesgo es que Rojas ni siquiera ofreció en esta oportunidad declaraciones en la prensa oficial, dando pauta del desapego que tiene sobre un tema que en el pasado lo tenía al frente de todas las reuniones y conferencias de prensa.

En principio, el precio base impuesto para la subasta se percibe como más bien magro. En 2025 el cálculo hecho por la propia Comuna junto a tres colegios de profesionales tasó todo el Complejo en 9 millones de dólares. Hoy la tasación propuesta como piso de venta apenas supera los 3 millones de dólares, lo que plantea serias dudas acerca de la conveniencia de la subasta para el erario público: una venta mal ejecutada incluso puede resultar en un daño al patrimonio municipal y devenir en causas penales sobre los funcionarios responsables.

Esa y otras preocupaciones expresaron los concejales en el trasncurso de la semana, lo que obligó en principio a posponer la sesión en el Concejo para este martes. 

"El proyecto afirma que todo lo recaudado se destinará exclusivamente a obras públicas municipales y servicios esenciales. Sin embargo, los ediles plantearon dudas sobre este punto, ya que no especifica una cuenta afectada a tal fin", relató esta mañana Maximiliano Caloni en su editorial para Ecos Diarios y agrega que "otro tema de discusión es ¿cuánta obra pública se puede financiar con 5.000 millones de pesos? En principio, el número asusta un poco, pero la realidad es que para un municipio que durante el actual año presupuestó gastos por unos 80.000 millones de pesos no pareciera ser una cifra tan elevada. Es poco más del 6% del último Presupuesto aprobado por los concejales".

La preocupación manifestada en el diario local es un mensaje en sí mismo al Ejecutivo: después de todo el matutino local suele expresar su inocultable interés en el mercado inmobiliario local, con un extendido discurso acerca del desarrollo la línea costera sobre sectores de actual dominio público, como el Jardín de Rocas, que es parte del Parque Miguel Lillo, o el mismo Complejo Casino.

La nulidad

Más allá del debate que pudiera plantearse sobre la tasación, el precio, las formas de pago y demás parámetros observables en una eventual venta concretada, el proyecto del municipio se ve limitado en exactamente lo mismo que viene limitado desde el principio: depende que el gobierno provincial le habilite la zonificación y los usos para poder empezar con desarrollos en el lugar. 

Y a pesar que está previsto que el eventual comprador reconozca esa situación y las limitaciones que impone a la compra (razón por la cuál se argumenta en favor del bajísimo precio inicial tasado), en los papeles implica que parte del articulado llame a forzar el orden legal de manera que pueda causar la nulidad de la ordenanza en un eventual reclamo judicial con pedido de amparo, como ya sucedió en 2020.

En esta ocasión el Artículo 21 del proyecto de ordenanza para la subasta establece que "encontrándose en trámite la aprobación de nuevos usos e indicadores por ante la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial del Ministerio de Gobierno, conforme surge del Dictamen IF-2021-29264468-GDEBA-DPUTMGGP, una vez aprobado dicho trámite, la Municipalidad de Necochea asume el compromiso, en un plazo de tres (3) meses, de encontrarse en condiciones de hacerlo, de sancionar y promulgar la Ordenanza pertinente a tales fines y de acuerdo el procedimiento fijado por el Decreto 8912/77".

Todo el artículo resulta jurídicamente improcedente, dado que una ordenanza no puede imponerle una obligación futura al propio Concejo Deliberante, ni puede comprometer la producción de una norma futura con un plazo cierto. Toda obligación legislativa futura es políticamente declarativa, aunque no jurídicamente exigible y su inclusión en una ordenanza la vuelve inoficiosa y potencialmente nula, al menos en ese tramo.

Las observaciones solo reflejan el estado de las cosas: la urgencia por vender no tiene que ver con el estado del Casino sino con el estado de las cuentas de la gestión, que ha quemado todas las naves y todos los lazos con otras fuerzas políticas y sólo encuentra asidero en la venta de bienes públicos sin mayor planificación que su necesidad de flujo de recursos. En lo tangible, el proyecto no se ve tanto como un asunto debidamente meditado (como intenta presentarlo el Ejecutivo) sino más bien como una oportunidad cazada al vuelo que está forzando un procedimiento obligado por una desidia autoinfligida.