Terminal Quequén contra la Provincia: La avanzada de un gerente para quedarse en el sillón que dejó Jimena

Desde la semana pasada comenzó a circular el documento: mediante una nota formal, cuatro directores del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén convocaron a una reunión de urgencia para este jueves (11-12) por la mañana, buscando designar nuevas autoridades interinas para el puerto y, sobre todo, conseguir una nueva prórroga del contrato que beneficia a Terminal Quequén SA por la concesión de la Terminal 4 y las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos.

Reconociendo la efectivización de la renuncia de la licenciada María Jimena López a la presidencia del consorcio portuario para jurar en su banca de diputada nacional, la nota invoca una situación de "acefalía" y urgencia para llamar a una reunión del directorio el próximo jueves 11 de diciembre. 

La convocatoria lleva la firma de cuatro directores: el gerente de Terminal Quequén, Daniel Arce; la del director de Coninagro, Juan Ouwerkerk; y de los representantes sindicales Mariano Carrillo y Edgardo Mancino.

En su centro mismo, la intención de la reunión se enfoca más que nada en prorrogar el contrato de concesión de Terminal Quequén manteniendo condiciones leoninas otorgadas al concesionario durante los años 90's, cuando el gobierno menemista cedió bienes estratégicos del Estado con tantos beneficios que durante décadas significaron ganancias más que extraordinarias para el concesionario. 

La intención del gobernador Axel Kicillof con Terminal Quequén ha sido la de mejorar las condiciones de un nuevo contrato en favor del público buscando garantizar, por ejemplo, un cánon más alto por el uso de la instalación y la creación de una reserva que facilite el acceso a los silos por parte de pequeños productores y cooperativas, fomentando en el proceso la competencia en el sector. Es decir: subir apenas el alquiler de los silos y muelle y reservar un espacio en ellos para que el Estado pueda intervenir con un porcentaje en el mercado agroexportador.

En septiembre del año pasado Jimena López anunció que prorrogaría por un año más la concesión de Terminal Quequén. La decisión tuvo que ver con la rigidez del concesionario en no aceptar los términos de la provincia. Durante el plazo establecido se generó una nueva propuesta de contrato que aún no se conoció y finalmente, antes de salir de su cargo y en medio de renovadas negativas del concesionario, la funcionaria dispuso una nueva prórroga por seis meses más, pasando la cuestión a manos de quién la suceda en el cargo.

Terminal Quequén ha hecho sus esfuerzos en mantener una prórroga que la beneficie durante todo el tiempo que pueda, por lo que la convocatoria es percibida abiertamente como una avanzada en ese sentido, que además saltea las atribuciones (e intereses) del gobierno provincial, tratando de imponer por fuera de la ley otra extensión del lucrativo contrato.

La urgencia y lo ilegal

Para convocar la reunión, los directores están apelando al artículo 2 del reglamento interno del Consorcio, que establece que en el caso de haber "acefalía" en los cargos de presidente y presidente alterno, el directorio deberá auto-convocarse a una reunión especial para designar entre los miembros a uno de los directores para que ejerza interinamente la presidencia del Consorcio, lo cual se definiría por la mayoría absoluta de votos presentes.

Toda la maniobra se estaría sustentando en una modificación reciente del reglamento interno del Consorcio, que además habría sido impulsada por los mismos directores que ahora la usan como fundamento jurídico para avanzar sin la anuencia del gobierno provincial.

Mientras tanto, en La Plata saben que la autoconvocatoria, además de ser una avanzada del concesionario con sus intereses, carece de toda validez jurídica: la ley que rige la creación del Consorcio de Gestión Puerto Quequén (Ley 11.414) establece muy claramente no solo que la representación del Estado provincial no es delegable ni sustituible por voluntad de los directores, sino que además "la Presidencia del Directorio la ejercerá el miembro del mismo que lo integre en representación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien designará un reemplazante en caso de ausencia transitoria o vacancia temporaria del cargo" (Art 25 Ley 11.414).

Desde luego, la Ley tiene mayor rango que el reglamento interno del Consorcio, por lo que todo el movimiento es tildado de "ilegal". En consecuencia, las decisiones que pudieran tomarse en la reunión al respecto de las nuevas autoridades y la prórroga de Terminal Quequén quedarían nulas. 

Incluso más, podrían desencadenarse denuncias civiles y acciones penales contra los directores que participen de la avanzada, dado que el caso se convirtió en una prioridad política para el gobernador, no sólo por los intereses del gobierno provincial en la terminal, también por el riesgo que representa el sentar un precedente como este para otros puertos bonaerenses.

Y por sobre todo el panorama sobrevuela también una incógnita acerca de la verdadera naturaleza del movimiento: ¿responde realmente a intereses sectoriales o, más bien, a intereses personales de los involucrados? Todo parece indicar que se trata de la segunda cosa: fuentes del Consorcio confirmaron a este diario que hasta ahora los directores intervinientes no pueden demostrar que fehacientemente están respondiendo a una orden emitida de las cámaras a quienes representan. En algunos casos, ni siquiera se informó a los socios representados de la iniciativa.

Aún es incierto el destino de la convocatoria, aunque su aparición parece estar más vinculada al oportunismo de particulares que a un ordenamiento general de toda la estructura en este contexto: la salida del Puerto de Jimena López no implica la salida del massismo, ala política aliada del gobernador Kicillof, cuyo acuerdo se vio fortalecido con el rendimiento eficiente de la terminal portuaria en los últimos dos años.