Un sector del directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén ligado a Terminal Quequén S.A. está presionando para elegir cuanto antes autoridades interinas, algo que el ex concejal y referente de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, Mario Dahul, calificó de “golpe de Estado” sobre la terminal portuaria.
Para resumir, en las entrañas del Puerto Quequén se movilizan relaciones públicas de poder ligadas a poderes económicos transnacionales, como lo son las agroexportadoras. El contexto se presume propicio para las turbulencias: con Jimena López de salida y sin un nombre claro que asome como reemplazo de la diputada electa, desde parte del directorio lanzaron su intento de patear el tablero y designar un presidente provisional y un gerente general para tratar una prórroga nueva a la concesión de los elevadores de la ex Junta Nacional de Granos a Terminal Quequén S.A.
Está por verse si esta autoconvocatoria está prevista en el reglamento, algo que se analiza por estas horas. “Esto es una cosa traída de los pelos para justificar este verdadero golpe de Estado que quieren dar en el Consorcio de Puerto Quequén.”, analizó Dahul en declasraciones al portal La Nueva Comuna
Agregó que esta operación atenta contra la Ley 11.414, que prevé que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires designe al Presidente del Consorcio de Gestión. Aseguró también que todo el tema carece de sustento reglamentario y no hay antecedentes de una situación semejante.
Según Dahul, esto tiene su raíz en el interés que tiene Terminal Quequén S.A. por seguir prestando el servicio portuario, pese a que lleva más de tres años con la concesión vencida y sosteniéndose con prórrogas. Además, contó que la terminal obtiene alrededor de 12 millones de dólares anuales por la operación logística, aunque el fuerte del negocio es su rol como agroexportadora.
“Con las ganancias que estiman llevarse en los próximos 35 años (…) tienen un piso de 17.500 millones de dólares solo por la parte en blanco”, sostiene.
Dahul advierte que la convocatoria del directorio tiene como objetivo presionar al gobierno bonaerense debido a que desde la administración Kicillof tendrían planeado empezar a ponerle límites a la empresa.
Sobre el impacto que esto puede tener sobre la Provincia, resaltó: “Claro que una concesión que sea lesiva para los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires lo compromete por décadas.”. Además, aseguró que la empresa actúa como “okupa” dentro de las instalaciones del Estado bonaerense y defendió la idea de una gestión provincial en el Puerto: “No se necesitan ingenieros nucleares para operarla. Es lo mismo que hace cualquier chacarero: recibe el grano, lo acondiciona, lo guarda y lo carga.”
Por otro lado, Dahul comentó que las terminales pagan a los productores locales hasta 40 dólares menos por tonelada respecto del precio en Rosario, lo que implica una pérdida anual estimada en 160 millones de dólares: “Esa cifra es absolutamente coincidente con lo que deben pagar esas exportadoras (…) por el medio flete muerto que tienen desde Rosario.”
En esa línea, consideró “obsoleto” el concepto de “puerto sucio” que recae sobre Puerto Quequén. “Puerto sucio se lo denominaba cuando no teníamos la escollera extendida. Hoy el calado es de 50 pies y los días perdidos pasaron de 115 a 15 al año.” opinó. Y lanzó: “Debe derivar en una intervención ya”.
Respecto al rol del Gobierno provincial en esta situación, consideró: “Esto no es que podría derivar: esto debe derivar en una intervención. (…) Esto ya no es una mojada de oreja, es una tomada de pelo. El Estado debe intervenir el consorcio, nombrar un nuevo presidente y una nueva nómina de representantes. Estos que están no pueden seguir.”