Argentina
El Tribunal de Cuentas encontró serias irregularidades en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
10/12/2025 |
Un informe reciente del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre una serie de irregularidades en el manejo de fondos del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA). El documento, correspondiente al expediente 2-388.0-2023, señala fallas administrativas, pagos indebidos y demoras en la rendición de subsidios que comprometen el control del gasto público.
El organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que encabeza Andrés Larroque, estuvo bajo la conducción de Germán Leonel Urman durante todo 2023 (ejercicio sobre el cuál se hacen estas observaciones). Según el Tribunal, las observaciones alcanzan al director General de Administración, Alejandro Carlos Mazaroni; a la directora de Contabilidad y Presupuesto, Karina Vanesa Olivera; al director Delegado de Personal, Javier Enrique Méndez, y a la Subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos, la necochense Nancy Andrea Cáceres.
El informe detalla que el presupuesto del OPNyA ascendió a más de 33 mil millones de pesos, tras una ampliación superior a los 7.100 millones, y que al cierre del año quedaron más de 2.600 millones como deuda. Sobre ese marco presupuestario, los auditores detectaron pagos irregulares a once agentes que ya habían sido dados de baja (entre ellos, un ex cocnejal de Necochea), cesanteados o jubilados, quienes continuaron percibiendo haberes durante meses, en violación de la normativa vigente.
Otra observación relevante apunta al pago de bonificaciones sin sustento legal, entre ellas la bonificación del decreto 710/22, otorgada a empleados que no cumplían con la carga horaria mínima exigida. También se detectaron bonificaciones por minoridad abonadas a agentes encuadrados en un régimen que no contemplaba ese tipo de adicionales.
El Tribunal puso el foco además en el programa Decisión Niñez, que entregó 129 subsidios por un total de 51,6 millones de pesos. Una parte significativa de esos fondos no fue rendida en el plazo de 180 días, lo que derivó en observaciones directas a los servicios zonales encargados del seguimiento administrativo de esos recursos.
La auditoría también señaló irregularidades en convenios con instituciones de abrigo, especialmente en el caso de la asociación civil MANU, que al momento de la revisión carecía de un acto administrativo que aprobara el convenio vigente. Las responsabilidades alcanzaron a funcionarios del organismo y a exdirectores provinciales que participaron en la firma y ejecución de esos acuerdos.
En una resolución posterior, fechada el 20 de noviembre, el Tribunal de Cuentas confirmó la totalidad de las observaciones al no acreditarse el recupero de los fondos cuestionados. De este modo, ratificó como indebidos los pagos de haberes a agentes dados de baja, las bonificaciones sin respaldo normativo y las erogaciones realizadas fuera del marco legal, dejando abierta la posibilidad de aplicar sanciones administrativas y patrimoniales.
El secretario de Minoridad del Sindicato de Trabajadores Auxiliares No Docentes, Administrativos y Minoridad (STANDAYM), Pablo Lenz, afirmó que, si bien no conoce el detalle del expediente, los señalamientos del Tribunal resultan verosímiles. Sostuvo que el organismo funciona como una “Caja de Pandora” y reclamó auditorías exhaustivas, recordando además que dos trabajadores despedidos de manera arbitraria siguen sin ser reincorporados ni haber cobrado su liquidación final.
El informe expone nuevamente fallas estructurales en el control del gasto dentro de un área crítica, donde cada desvío presupuestario afecta de manera directa las políticas de protección de niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires.
