Sigue el manoseo al Casino y ahora intentan modificar el proyecto de subasta

No hay demasiadas explicaciones por parte del Ejecutivo, aunque todo hace pensar que la comploeta falta de transparencia tiende a ocultar algunas cosas a los ojos del público: tras una aprobación express entre gallos y medianoches, ahora las condiciones de la subasta van a cambiar sin demasiadas aclaraciones.

Es que esta semana la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por la concejal oficialista Silvina Jensen Menna, trató un expediente referido a la ordenanza de la subasta del Casino, en el cual se propone la modificación de distintos artículos. Aunque el tema continuará siendo analizado en la próxima Comisión, lo cierto es que las autoridades no han informada demasiado sobre qué modificaciones intentan, siguiendo la línea de misterio en la entrega de uno de los bienes más importantes del patrimonio municipal.

La presentación de las modificaciones se realizó como acto ornamental, como para dar un adelanto de las intenciones del Ejecutivo: sin dar mayores presiciones, la concejal Jensen destinó apenas 9 segundos de audio a comentar el tema en un comunicado oficial del Concejo, mostrando una vez más que la vara está tan baja entre los concejales que no son capaces de sostener un relato por más de unos pocos segundos.

Vale recordar que el oficialismo forzó la votación de un tema tan relevante para la ciudad en menos de 5 días, imponiendo la mayoría de concejales de Nueva Necochea y sus aliados antes que cambiara la composición del Concejo. Como el oficialismo no iba a contar con la aprobación automática  que necesitaba, aceleró el proyecto sin importar si estaba mal redactado, si tenía errores o inconsistencias. El Concejo Deliberante aprobó literalmente una subasta para una parte sustancial del patrimonio público sin hacer observaciones sobre los múltiples vicios de nulidad de la iniciativa, empujada casi exclusivamente por la Secretaría de Legal y Técnica a cargo del opaco abogado municipal, Ernesto Povilaitis.

El proyecto fue tratado con una celeridad que buscaba más arrebatar la decisión de los concejales que tratarlo seriamente. En el apuro por obtener la aprobación con su mayoría automática, el Ejecutivo (ni sus concejales) ni siquiera se detuvieron a considerar las nulidades y ahora intentan, vía modificaciones posteriores, sostener un proyecto que va camino a colapsar por su propio peso.

En intentos de venta anteriores, también propalados por interés de Povilaitis, las nulidades hicieron que la Justicia, previa demanda de un grupo de vecinos, hiciera movimientos que decantaron en el retiro de oferta en un primer llamado y en una licitación desierta en el segundo. Aquella vez la Muni había intentado vender una usucapión de los terrenos y cuando esto se hizo evidente en el marco del reclamo judicial, los compradores decidieron retirarse hasta que se aclarara el panorama.

Y por lo visto el panorama nunca se aclaró y ahora el Ejecutivo que consiguió aprobar la subasta de manera express y casi sin debate alguno, tiene que volver al Concejo para modificar varios artículos porque está todo muy mal hecho.

Uno de los vicios más grandes de la subasta aprobada es que el municipio se comprometió a "legislar a futuro", es decir, como condición del contrato obliga a los compradores a aceptar que no hay indicadores urbanísticos establecidos para el terreno y que esos indicadores deben ser aprobados por el gobierno provincial. El compromiso improcedente que propuso Povilaitis en su proyecto de subasta consiste en que el municipio promete aprobar los indicadores cuando estén (no se sabe cuándo) y, de esa forma, recién entonces estará regularizada la situación para que el comprador pueda comercializar los terrenos, que es toda la intención del proyecto.

El problema, que fue clarísimo para todos los que estudiaron el proyecto menos para los concejales que lo aprobaron, es que no puede haber una tasación real de los terrenos si no están definidos esos indicadores urbanísticos, que en definitiva marcan cuál será el precio del inmueble porque establece cuántos metros se pueden construir en el lugar y toda una serie de parámetros necesarios para definir el precio en primera instancia.

Sin indicadores que permitan la tasación correcta, el valor que impuso el Municipio es tan arbitrario que sorprende que los concejales igual hayan aprobado la norma y, más aún, que ahora busquen modificaciones para tratar de legitimarla. Si las instituciones realmente estuvieran funcionando en la ciudad, al menos la Justicia o algún organismo de control debería hacer las observaciones del caso y detener la avanzada. Por lo pronto, los concejales parecen estar trabajando para avanzar en la completa irregularidad a pesar de la impostura.

En la reunión de comisión estuvieron presentes, además de Jensen, los concejales María José Hegui, Gabriela Espinosa (NN); Juan Pablo De La Hera, Bettiana Pustilnick (ACT); Bartolome Zubillaga (AN); Mariano Valiante, Verónica Bibbo, Héctor Caballero, Juan Cerezuela (LLA); Rodrigo Irigoyen (UCR); Julian Kristiansen (FP-MDF); María Eugenia Vallota (PRO-LLA); Marcelo Rivero, Silvia Blanco (FP).