El Gobierno nacional evalúa avanzar con un esquema de gestión privada en cinco hospitales públicos ubicados en territorio bonaerense, actualmente administrados de manera conjunta entre Nación y Provincia. La iniciativa, que incluiría el cobro de una cápita a los usuarios para acceder a la atención, ya generó un fuerte rechazo de los gremios de la salud, que advierten sobre un posible retroceso en el acceso universal, gratuito y público al sistema sanitario.
Los hospitales involucrados forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y están distribuidos entre el conurbano bonaerense y el interior provincial. Se trata de los hospitales:
Néstor Kirchner, de Cañuelas
René Favaloro, de La Matanza
Presidente Néstor Kirchner, también en La Matanza
Bicentenario, en Esteban Echeverría
El Cruce Dr. Néstor Kirchner, en Florencio Varela
Todos ellos funcionan bajo un esquema de administración mixta, con financiamiento mayoritario del Estado nacional y participación secundaria de la Provincia.
Aunque no existe un anuncio oficial, fuentes del Gobierno admitieron que se analizan alternativas para modificar la administración de estos hospitales. La opción que gana terreno es la implementación del llamado “modelo español”, que consiste en concesionar la gestión a empresas privadas, manteniendo formalmente la cobertura para sectores vulnerables mediante un sistema de cápitas, financiado por obras sociales y empresas de medicina prepaga.
El objetivo central de la iniciativa se enmarca en la política de reducción del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei. Actualmente, el Tesoro nacional cubre entre el 70% y el 80% del financiamiento de estos hospitales, mientras que la Provincia aporta el resto. En el caso del hospital Presidente Néstor Kirchner, el municipio de La Matanza contribuye con apenas un 3%.
Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, no descartan otras alternativas, como el traspaso total de los hospitales a la órbita provincial, aunque en el propio sector sanitario señalan que la privatización parcial sería la opción más probable.
Uno de los puntos clave que aún no está definido es el camino legal para avanzar con una eventual privatización. Los hospitales SAMIC fueron creados por ley, por lo que cualquier cambio estructural debería pasar por el Congreso. Sin embargo, en el oficialismo no descartan recurrir a un decreto, para evitar un debate legislativo complejo y socialmente sensible, con antecedentes recientes como la disputa por el financiamiento del Hospital Garrahan.
En paralelo, la relación entre Nación y Provincia atraviesa un momento de fuerte tensión. Desde el Gobierno nacional reclaman a la gestión de Axel Kicillof una supuesta deuda cercana a los 500 mil millones de pesos, cifra que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, niega, aunque reconoce la existencia de partidas pendientes.
Actualmente, los hospitales cuentan con directores designados por Nación, pero también con consejos de administración donde la Provincia tiene representación minoritaria. Esa convivencia, admiten desde ambos lados, no ha sido armónica.
La posible privatización encendió alarmas en el sector sindical. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) difundió un comunicado en el que advierte que el plan del Gobierno representa “una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud”.
“Esta alternativa pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad”, señalaron desde la entidad gremial, que además denunció una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento de los hospitales públicos.
El secretario general de FESINTRAS, Pablo Maciel, sostuvo que la situación es especialmente crítica en los hospitales SAMIC debido a su alta dependencia del financiamiento nacional. “Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, afirmó.