Vender el Casino a cualquier precio: El veto del intendente y la promesa a los empresarios que se reparten el negocio

En la web oficial del municipio de Necochea se publicó esta mañana el veto del intendente Arturo Rojas a la ordenanza que buscaba poner ciertas condiciones a la subasta del Complejo Casino, con la intención de proteger el patrimonio público de una venta que todos en la ciudad ven como negociada a precio vil, aunque inevitable en vistas del estado de abandono del lugar, que deja una pésima postal para visitantes y locales a medida que van pasando los años y las temporadas de verano.

Más allá que el estado de abandono es plena responsabilidad de la gestión del intendente Arturo Rojas, que luego del incendio de agosto del 2020 dejó el lugar a su suerte, sin siquiera tomarse la molestia en 6 años de remover vidrios rotos, limpiar graffitis y contener hechos vandálicos y robos; la propaganda insistente y la desidia voluntaria combinadas dieron al Jefe Comunal la plataforma para "pelear" por la subasta sin mayores consideraciones, con una ordenanza "metida por la ventana" y con serios desarreglos que podrían terminar en la Justicia más pronto que tarde.

Un ejemplo de esos desarreglos es la evidencia de la falta de indicadores urbanísticos para los terrenos, que permitirían tasar correctamente su valor. Si no se sabe qué permisos habrá para construir en el lugar, poco puede determinarse cuánto es su valor en el mercado, por lo que la tasación para el precio base de la subasta es en principio falaz por definición, sin importar el número que se haya impuesto caprichosamente.

En la raíz del problema está una promesa que el intendente hizo a un grupo de empresarios al comenzar su gestión.

"Yo pago el costo político por la venta", le dijo el intendente a un grupo de empresarios cuando recién comenzaba su gestión allá por 2020. Reuniendo a algunos de los empresarios locales más influyentes en la casa de un conocido inmobiliario, Rojas hizo su promesa y el negocio comenzó a gestarse.

Poco después, el incendio del Teatro Auditorium llegó de manera oportuna y a pesar de la gravedad del evento, jamás se descubrió quienes fueron los responsables ni se hizo pública investigación alguna al respecto. Tampoco hubo información sobre qué se hizo con el dinero cobrado por el seguro, que una ordenanza establecía usar para reparar el complejo. Luego pasaron seis años de abandono voluntario hasta que finalmente llegó el momento de Rojas de cumplir aquella promesa a los empresarios. 

Con ese paisaje bien delineado, es natural que ahora la población perciba claramente el negociado latente y no es de extrañar que un bloque político (en este caso los libertarios) hayan decidido intentar una resistencia que, aunque parece mal enfocada, es lo poco que se ha visto como oposición ante la entrega inminente.

Y precisamente fueron los concejales del bloque libertario los que consiguieron el pasado 30 de diciembre aprobar una ordenanza que estableciera algunas condiciones al comprador, temiendo que todo el movimiento fuera (como realmente parece que lo es) un negocio ya pautado para comprar los terrenos más caros de la ciudad a precio irrisorio para luego venderlos por 10 veces su valor... con el "costo político" (si es que lo hay) pagado por el intendente.

Y si hay algo que se puede decir es que el intendente Arturo Rojas definitivamente está decidido a pagar el costo político por una entrega, que si no llega a trabarse en la Justicia, entonces será el cumplimiento de esa promesa a los empresarios. Por lo pronto, mientras sigue en marcha la iniciativa de subasta en febrero, el Jefe Comunal decidió vetar la ordenanza que pretendía poner cierto límite al negociado.

A través de un comunicado de prensa municipal, esta mañana se informó del veto dispuesto por Rojas para garantizar el negocio ya pautado. Justificando su veto en el reglamento interno del HCD y un dictamen del propio Departamento Ejecutivo, sin demasiadas aclaraciones coloquiales, la prensa municipal dictada directamente del área de Legal y Técnica que dirige Ernesto Povilaitis (principal impulsor de la entrega espuria) justificó la acción señalando que las condiciones impuestas por el HCD "desincentivan a posibles interesados, desalientan la inversión privada y comprometen la transparencia y viabilidad del proceso de subasta". En otras palabras, arruinan el negocio acordado.

Está visto que todo el procedimiento de venta, desde el incendio en plena pandemia hasta el abandono voluntario de 6 años y el veto a las condiciones impuestas a la subasta tiene al intendente Rojas y al abogado Povilaitis en la primera línea de frente, garantizando una entrega prometida hace años. En el camino, la falta de transparencia es alarmante, pero no deja de ser una muestra del estado de degradación institucional y la completa falta de responsabilidad política de los actores intervinientes, solo posible en un mar de desinformación y propaganda que viene enturbiando el diálogo social desde que Nueva Necochea asumió la intendencia en 2019.