Burros libertarios: ¿Por qué Milei no podría intervenir Puerto Quequén?

Aprovechando el derrumbe de un silo en Puerto Quequén, el bloque libertario de concejales necochenses han mostrado una vez más su completa falta de preparación y su intención permanente de "trolear" y ganar propaganda con desinformación en redes sociales. Tal es así que llegaron incluso a pedir la intervención del Puerto Quequén aunque lo que pretenden va literalmente contra el orden institucional que rige el país hace 200 años.

Con completa ignorancia, el concejal Yoel Acien, enfocado únicamente en la propaganda libertaria local con videos con likes pagos, usuarios falsos, cuentas anónimas y toda suerte de engaños de redes sociales, salió a agitar un pedido de intervención de Puerto Quequén que da vergüenza ajena por su completa falta de información sobre la cuestión.

El veinteañero militante se está esforzando en "figurar" con videos hechos con Inteligencia Artificial sin importar si lo que dice es literalmente una "burrada" o si muestra su completa ignorancia sobre el tema, porque la intención parece mucho más enfocada en generar reacciones y likes (que en realidad se pagan con plata de la SIDE para generar sensación de apoyo) que en llevar adelante alguna clase de solución a los problemas de los que habla. En el camino, ensucia con desinformación a cualquiera que se le cruce.

Y como todo se basa en desinformación y llamados reaccionarios, vale la pena la aclaración: Puerto Quequén no podría ser intervenido por el gobierno de Javier Milei sin antes intervenir toda la provincia de Buenos Aires. Y aún si lo hiciera, no bastan las razones políticas o administrativas que esgrimen en sus reclamos.

El concejal agitó las redes pagas de los libertarios con su premisa imposible: el marco jurídico argentino establece límites claros que hacen inviable una intervención directa desde el Poder Ejecutivo nacional. Aunque la explicación la necesitaría el concejal, que debería aprender el ordenamiento legal del país antes de exponerse con "burradas", sirve aún más para la audiencia, que corre el riesgo de caer en premisas desinformadas a fuerza de insistencia con cuentas anónimas y trolls militantes.

Puerto Quequén es administrado por un consorcio de gestión portuaria de carácter provincial, creado bajo la órbita del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estos consorcios son entes públicos no estatales, autárquicos, constituidos por ley provincial —en este caso, la Ley bonaerense N.º 11.414— y dependen políticamente del Ejecutivo provincial, no del Estado nacional. Por ese motivo, no existe una relación jerárquica ni administrativa que habilite al Presidente a intervenirlos de manera directa.

Desde el punto de vista constitucional, la Nación solo cuenta con una herramienta extrema para avanzar sobre estructuras provinciales: la intervención federal prevista en el artículo 6 de la Constitución Nacional. Esta medida no se aplica sobre organismos específicos, sino sobre la provincia en su conjunto, y únicamente en situaciones excepcionales, como la alteración del orden republicano, una invasión exterior o a pedido de las propias autoridades provinciales. Además, requiere una ley del Congreso, lo que eleva aún más el umbral político e institucional para su aplicación.

En cuanto a las competencias nacionales en materia portuaria, el Estado nacional conserva atribuciones sobre navegación, comercio exterior, aduanas, seguridad marítima y control a través de organismos como la Prefectura Naval. No obstante, estas facultades se limitan a aspectos operativos y regulatorios, y no habilitan la remoción de autoridades ni la toma de control institucional del consorcio.

Otra vía posible es la intervención de la Justicia Federal ante la presunta comisión de delitos federales, como contrabando, narcotráfico o lavado de activos. En esos casos, la actuación judicial puede afectar personas o hechos concretos, pero no implica una intervención política del puerto ni la disolución del consorcio.

En síntesis, el Presidente de la Nación no puede intervenir Puerto Quequén de manera directa. Cualquier intento en ese sentido chocaría con la autonomía provincial garantizada por la Constitución. Solo una intervención federal a la provincia de Buenos Aires —una medida excepcional y de alto costo político— podría modificar indirectamente la situación del consorcio. Mientras tanto, la conducción y el control institucional del puerto continúan siendo responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense.