Se cae la subasta del Casino y el intendente Rojas estalló de furia

Ante la sucesión de serias irregularidades que hay alrededor del proyecto de subasta del Casino, cuya ejecución está prevista para dentro de 8 días, el 11 de febrero, una presentación de pedido de amparo en la Justicia podría dar por tierra con las intenciones del municipio de entregar el Complejo tras abandonarlo durante 6 años presentándolo a la comunidad como una ruina para eliminar cualquier argumento contra la venta. Aunque la Comuna sabía de esto desde diciembre, la reacción de apuro del intendente Arturo Rojas fue sacar una nota de prensa en el diario local lanzando acusaciones.

Sucede que todo el asunto de la venta del Casino  viene muy mal barajado desde el comienzo y la falta de transparencia en el proceso podría devenir en acciones judiciales directamente contra los funcionarios involucrados. Partiendo de la base del incendio intencional del Teatro Auditorium que nunca se resolvió; la desinversión del dinero del seguro, que extrañamente el municipio cobró a pesar de las circunstancias dudosas del hecho; el abandono de seis años en los que ni siquiera se removieron ventanales rotos (sin costo); y el primier intento de entrega sin tener el título de propiedad de los terrenos; está claro que todo esto huele mal por donde se lo mire. 

En diciembre pasado una solicitud de acceso a información pública dirigida al Ejecutivo Municipal quedó sin respuesta y devino en un pedido de medida cautelar de amparo que daría por tierra el intento de entrega. La nota solicitaba puntualmente el cumplimiento de cuatro puntos:

1.  Acceso urgente a Información Pública Ambiental: Más allá de reportes elaborados para los medios de comunicación afines, su propaganda y redes sociales, el municipio no dio al público mayores detalles sobre el procedimiento. En este contexto, lo que se requirió fue el proyecto de ordenanza de la subasta del Casino y toda su documentación anexa; el expediente completo en donde consta el proyecto; el Informe Ambiental Regional (IAR) (requisito obligatorio según la normativa provincial para evaluar impactos ambientales regionales antes de un cambio de uso de suelo); el expediente donde se tramitó la aprobación de los nuevos indicadores urbanísticos para las parcelas del Casino; y una copia de la intervención de la Comisión de Preservación Patrimonio Cultural y Ambiental de Necochea respecto a la intención de enajenar el inmueble.

2. Detalles Técnicos y Presupuestarios: Solicitan un detalle que incluya el cómputo y presupuesto de las obras que se pretenden ejecutar con los fondos obtenidos de la subasta. Hacen especial énfasis en la necesidad de conocer los planes para la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la conducción de desagüe al mar, advirtiendo que sin estas obras la urbanización del sector generaría un conflicto ambiental para la ciudadanía actual y futura.

3.  Abstención de la Aprobación del Proyecto: los peticionantes solicitan formalmente que el municipio se abstenga de aprobar la ordenanza de subasta del Casino (esto fue en diciembre, antes de su aprobación). Esta petición se fundamenta en el incumplimiento del procedimiento de IPAR-CUS (Informe de Prefactibilidad Ambiental Regional – Cambio de Uso de Suelo)

4. Activación de Mecanismos de Control: Piden que se activen los mecanismos de control y medidas preventivas de daño ambiental previstos en la Ley 11.723 y el Código Civil y Comercial. Advierten que, de no cumplirse con estas exigencias, iniciarán reclamos judiciales y denuncias penales contra los funcionarios intervinientes

Aunque la nota es de diciembre y los peticionantes solicitaron que se remitiera la información de forma urgente, el municipio no ofreció ninguna respuesta, por lo cual se hizo la solicitud de una medida de amparo. De este modo, los vecinos requirieron la intervención de la Justicia en vistas que el municipio no está cumpliendo con el proceso adecuado para ejecutar la subasta. 

Acciones legales sobre funcionarios

Lo que sucede es que los vecinos pidieron la información y al no obtenerla se disparó la presunción sobre los incumplimientos que derivaron en un pedido de amparo. El amparo tiene por objeto garantizar no sólo la transparencia del procedimiento, sino evitar que se ejecute una entrega mal habida en virtud precisamente de los incumplimientos.

El ejemplo más claro de la turbiedad alrededor del proyecto tiene que ver con los indicadores urbanísticos: literalmente no está claro qué es lo que se puede hacer en los terrenos una vez vendidos (sobre todo qué porcentaje de cada terreno se puede usar para construír y qué cantidad de metros cubiertos se puede construir dentro de ese porcentaje), lo que deviene en la imposibilidad de establecer un valor adecuado para ellos. 

Si no se puede establecer ese valor porque aún no están determinados los indicadores, entonces la tasación resultaría inadecuada, habilitando vender el Complejo a un valor mucho más bajo del que realmente tiene por su potencial de negocios. Se trata de los terrenos más caros que tiene el municipio y se está planteando subastarlos a un precio que es drásticamente inferior al que se mencionó en un primer intento, cuando organismos convocados por la comuna lo tasaron en 7 millones de dólares (hoy el precio base se postula en algo más de 3 millones).

En vistas de esa y otras inconsistencias es que podrían haber consecuencias legales para los responsables de la entrega, sobre todo los funcionarios del Ejecutivo que han forzado la intentona "entre gallos y medianoches", prácticamente presentando el proyecto con placas de redes sociales, reportes de propaganda de sus medios pautados y casi ningún documento oficial que muestre a la población que todo está en orden.

En su nota de diciembre los vecinos no sólo advirtieron explícitamente al Ejecutivo sobre el pedido de amparo que hoy amenaza con tumbar la subasta, sino también sobre la interposición de denuncias penales contra los funcionarios públicos intervinientes por no haber institucionalizado de forma válida los mecanismos de participación y acceso a la información.

El amparo

Con todo esto, lo más probable es que el amparo finalmente tome curso del mismo modo que tomó en otras circunstancias en las que el municipio intentó forzar las situaciones por fuera de la ley, legitimando sus intenciones solo a fuerza de desinformación y notas de propaganda. 

La invalidez de los procedimientos administrativos que llevó adelante el Ejecutivo para la entrega se sustentan en que no se cumplieron requisitos previos y obligatorios para avanzar en la cuestión. Para convalidar los indicadores urbanísticos y cambios de uso de suelo que están pendientes hay que hacer una Audiencia Pública que tenga intervención directa de los vecinos, algo que nunca siquiera se insinuó por parte del Ejecutivo aún cuando era su obligación.

Esto es aún más grave porque el Casino es parte del Patrimonio Cultural y ambiental de la ciudad y ya existen precedentes con fallos de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata en distintos expedientes con respecto al parque Miguel Lillo que ha considerado dicha instancia como imprescindible para la toma de decisiones sobre bienes públicos.

Además, tampoco se cumplió de forma válida con el procedimiento de IPAR-CUS (Informe de Prefactibilidad Ambiental Regional – Cambio de Uso de Suelo) y cualquier acto de disposición o gestión de un inmueble de "Categoría A: Valor Excepcional" (el Casino) que no incluya la participación comunitaria previa podría ser cuestionado legalmente por no respetar el estatus jurídico de protección del patrimonio.

Por otro lado, el amparo sería completamente viable porque incurre en una violación de tratados internacionales y leyes de presupuestos mínimos porque ignorar a la ciudadanía supone un incumplimiento de normativas de jerarquía superior y tratados internacionales, lo que expone al municipio a sanciones y nulidades basadas en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), la Ley General del Ambiente (N° 25.675), y hasta la Constitución Nacional y Provincial.

El incumplimiento de todas esasw obligaciones permite a los ciudadanos solicitar la adopción de medidas preventivas de daño ambiental fundamentadas en el Código Civil y Comercial de la Nación (Arts. 1710 y 240). Esto puede resultar en la paralización del proyecto mediante mecanismos de control previstos en la Ley 11.723 para evitar efectos negativos sinérgicos y acumulativos sobre el territorio. En resumen, la omisión de la participación ciudadana invalida el sustento legal del proyecto de enajenación, transformándolo en un acto administrativo viciado que puede ser frenado por la justicia y generar responsabilidad legal personal para los funcionarios.

La reacción de Rojas

Como suele ser cada vez que hay que dar explicaciones, el Ejecutivo municipal respondió con una nota periodística. A través del diario local el intendente declaró esta tarde con una serie de omisiones y sin dar mayores precisiones al respecto de un tema que amerita un poco más de seriedad en su tratamiento.

En declaraciones ofrecidas al Ecos Diarios, Rojas se mostró "totalmente molesto" y apuntó sus cañones contra sus propios fantasmas.  “Espero que el juez Herrera no dé lugar a este disparate”, dijo de manera vehemente el Jefe Comunal.

“La verdad que no se entiende, porque alguien que defiende esto, que es todo hormigón, en el estado de abandono que se encuentra y demás, hay una sola clara intencionalidad y seguramente es términos políticos”, especuló el intendente. El estado de abandono, vale decirlo, es prácticamente todo mérito de su gestión, que en los años que pasaron desde que se incendió el Auditorium en 2020 (cuando Rojas recién asumía su primer mandato) no fue capaz siquiera de remover grafitis o tapiar ventanales rotos para evitar más vandalizaciones.  

“Esto no va en contra de una administración, sino en contra de todos los que habitamos este distrito, que estamos esperando que una vez por todas consigamos los inversores para recuperar lo que alguna vez fue la postal de Necochea”, siguió. En su nota de prensa el intendente le habló directamente al juez: “Esperamos que el Dr. Herrera lo rechace in limine",  y agregó “que el Juez no se salga con ningún disparate avalando esto”.

No es la primera vez que el intendente le habla directamente al juez Herrera. En el pasado, cuando la gestión quiso entregar terrenos del Vivero Municipal a un club que quería hacer unas canchas de tenis para un amigo de la gestión, Rojas amenazó publicamente con "desenmascarar" al juez como si se tratara de un delincuente solo por dar lugar a un amparo en vistas de las irregularidades en aquel proceso, cuyos patrones se vuelven a repetir pero con algo aún más importante y valioso para la comunidad.

El municipio ahora enfrenta la posibilidad cierta que el amparo suspenda la subasta y a pesar del enojo del intendente, todo está vinculado a la falta de transparencia en la que ha incurrido el Ejecutivo con tal de imponer la venta a como de lugar, sin miramientos, de apuro y sin cumplir con los pasos debidos. Después de todo, si todo hubiera estado en regla, la respuesta al pedido de información en el momento en que se presentó habría evitado todo este malestar, que ahora tiene al Ejecutivo poniendo el grito en el cielo por algo que fue su entera responsabilidad desde el primer momento.