Subasta del Casino: Solicitan un repudio del Colegio de Abogados por los "escraches" al abogado de Laborde y el Juez Herrera

En una jornada marcada por la tensión institucional, se presentó de manera formal ante el Consejo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Necochea, un "repudio enérgico" en defensa de la profesión y la independencia de poderes, a raíz del escarnio mediático que impulsó el municipio buscando condicionar la situación alrededor de la subasta del Casino.

La petición surgió a raíz de una publicación del medio "Necochea Digital" que, según el denunciante, constituye una "operación" financiada con recursos públicos. Vale decirlo, el medio ultraoficialista suele lanzar toda serie de "informaciones" y "notas periodísticas" siempre en función de los intereses del intendente Arturo Rojas y su secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis.

Es más, su creador, Alejandro Silva, fue subsecretario de prensa del municipio y distribuyó pauta oficial, pagos a periodistas y contrataciones de escenarios de la propaganda de Nueva Necochea durante la mayoría del tiempo que lleva Rojas al frente del municipio. Incluso llegó a intentar intimidar a publicaciones independientes (coimo es el caso de Cuatro Vientos) con cartas documento por revelar la verdadera naturaleza de sus movimientos.

El documento presentado señala que la nota periodística, titulada "La Necochea del NO: Las caras de quienes buscan frenar la recuperación del Casino...", no cumple con una función informativa, sino que representa un "escrache" y "fusilamiento mediático". En dicha publicación se exhibieron las fotografías del Dr. Juan Pablo Molina (abogado matriculado) y del Dr. Carlos Herrera, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea.

La petición sostiene que esta acción es parte de una "clara operación de un medio digital" que, según sus palabras, recibe desde hace años una "jugosa pauta oficial municipal" mediante contrataciones directas y discrecionales. 

Persecución a la labor profesional

La solicitud presentada destaca que el Dr. Molina está siendo atacado simplemente por patrocinar a una vecina, una tarea propia del ejercicio de su profesión liberal. Por su parte, el magistrado Carlos Herrera habría sido blanco de este tipo de ataques en tres ocasiones anteriores tras dictar medidas cautelares relacionadas con la entrega de terrenos del Vivero Municipal que el juez ordenó detener por numerosas inconsistencias e irregularidades; el proyecto de Tasa Portuaria municipal; y ahora, con la recuperación del Casino.

Además, Herrera fue quien dictó un amparo por las irregularidades en la construcción de la planta de acopio de fertilizantes en sitios 11 y 12, que mantuvo los trabajos parados unas semanas. En aquel entonces Arturo Rojas presidía el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y era un funcionario "ejemplar" del macrismo, que movió los hilos para que se ejecutaran los trabajos mediando un permiso cuestionable del OPDS. Seis meses después de comenzar sus actividades, se desplomó el muelle de carga de la terminal demostrando que efectivamente los controles sobre todo el proyecto tenían serios desarreglos. Por supuesto, los mismos medios pautados que hoy impulsan el escarnio contra el juez, el abogado y Laborde no mencionaron la cuestión y pusieron todo bajo la alfombra.

Fundamentos legales

Para sustentar su pedido, el letrado peticionante invocó la Ley 5177 (artículos 19 y 42), la cual establece que los Colegios Profesionales tienen la obligación de defender los derechos e intereses de los abogados, velando por el decoro, la dignidad y la independencia de la profesión.

La nota concluye advirtiendo que "hoy es el Dr. Molina; mañana podrá ser escrachado cualquier otro colega", señalando que se ha sobrepasado "todo tipo de límite" en el debate público.

La nota al Colegio de Abogados se enfoca específicamente en la protección de los auxiliares de la justicia frente a la presión de medios vinculados a la pauta oficial. 

Se espera que ahora el Colegio de una respuesta adecuada y defienda a sus propios colegiados. Lo mismo cabría de esperarse del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, porque los señalamientos sobre el juez Herrera han sido sostenidos en el tiempo y buscan provocar sin más un condicionamiento al funcionamiento adecuado de la Justicia con amenazas reiteradas y la búsqueda de un escarnio que sólo es posible si los actores que debieran intervenir (jueces y fiscales) miran para otro lado.