Ya no es que los ambientalistas con su abogado y un juez puedan trabar toda la cosa: ahora pareciera que hasta la propia Municipalidad de Necochea juega en contra de sus propias iniciativas y se pone a sí misma palos en la rueda con su intento de subasta del Complejo Casino.
Es que en medio de todas las irregularidades que se presentaron para llevar adelante el intento, en la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de Ernesto Poivilaitis parece que no tuvieron en cuenta un "detalle" que en realidad es muy importante: la Comuna mandó a imprimir el cartel oficial de la subasta y lo instaló en el frente del Complejo con un monto del precio base de la subasta que es apenas una fracción de lo que fue informado a través de sus medios digitales y declaraciones del intendente.
En el cartel se puede observar que el monto impreso es de 4.878.000,00 pesos cuando debería decir 4.878.000.000,00. Es decir, 4873 millones de pesos menos que el monto base real. El error grosero en la suma no fue detectado ni durante el diseño del cartel, ni durante su impresión, ni durante la instalación del cartel, dando la pauta de la completa improvisación y apuro que tiene la Comuna por entregar el complejo.
El grosero error no fue notado hasta que en redes sociales algunos usuarios lo hicieron notar creando algunos memes. De inmediato, la Comuna mandó a remover el cartel y busca evitar que el error sea conocido por la población, dado que tendría implicancias mucho más graves de las que a priori podrían inferirse.
Sucede que toda la energía del municipio fue puesta al servicio de un aparato de propaganda destinado a atacar a quienes pidieron información sobre el proceso de subasta. La Comuna sabía desde diciembre que debía presentar información a pedido de una organización ambientalista y al desoír el pedido (y tratándose de un tema tan relevante para la ciudad) disparó un mecanismo legal que está al borde de suspender todo con una medida cautelar de amparo.
De seguir adelante sin presentar los trámites correspondientes, están previstas acciones penales sobre el intendente Arturo Rojas y sobre el secretario de Legal y Técnica Povilaitis en virtud del incumplimiento de sus deberes de funcionario público en primera instancia y de cargos aún más graves que podrían terminar con su encarcelamiento.
La alcaración es fundamental: la oposición a la subasta no está en contra de una eventual venta del complejo sino que busca una transparencia del proceso que actualmente no existe. Hay serias dudas sobre la posibilidad de que se trate de una entrega a un grupo económico amigo de la gestión a precio vil, simulando una subasta con un solo oferente. Más allá de los medios adictos a la pauta, los "periodistas" operando con ideas conspiranoicas y los trolls y militantes de redes sociales, en los papeles la subasta tiene muchas irregularidades sobre las que el municipio se niega a dar respuesta desde diciembre, cuando se presentó el primer pedido formal, incluso antes que la ordenanza para la venta fuera aprobada.
Sucio y desprolijo
Así las cosas, el proceso se ve tal como el estado del Complejo, sucio y desprolijo. Concentrados en lanzar ataques mediáticos y negándose a transparentar el proceso, en la secretaría de Legal y Técnica de Necochea parece que ignoran que el cartel de la subasta es algo importante.
¿Y por qué es importante?
Un error en el cartel oficial de obra, especialmente cuando se trata del importe base de una subasta, puede parecer un detalle menor, pero en la práctica abre una serie de interrogantes que no pasan desapercibidos para el derecho administrativo ni para los organismos de control.
En Argentina, el cartel de obra no es solo un requisito formal: es una pieza clave del proceso de publicidad y transparencia. Su función es informar de manera clara a la comunidad y a los potenciales oferentes sobre las condiciones básicas de la licitación. Cuando el monto base está mal impreso, ese objetivo queda, como mínimo, debilitado.
Desde el punto de vista legal, la gravedad del error depende del contexto. Si se trata de una equivocación aislada y el importe correcto figura claramente en los pliegos, en el expediente administrativo o en el llamado oficial, suele considerarse un error material. En esos casos, la subasta no queda automáticamente invalidada, aunque el procedimiento puede recibir observaciones de quienes deben controlar el proceso.
El problema se agrava cuando el monto erróneo es significativo. Allí el error deja de ser menor y puede convertirse en un vicio sustancial, ya que existe la posibilidad de que haya influido en la participación de oferentes o en las condiciones en las que se presentaron las ofertas. En ese escenario, el proceso puede ser impugnado e incluso anulado.
Las consecuencias posibles van desde reclamos administrativos de las empresas, observaciones del Tribunal de Cuentas, suspensión del trámite o la necesidad de volver a publicitar la obra, hasta eventuales responsabilidades para los funcionarios intervinientes. En los casos más delicados, este tipo de fallas alimenta sospechas sobre desprolijidad o falta de transparencia, aun cuando no se pruebe una intención deliberada. Este sería el caso del Complejo Casino de Necochea, que ya viene lleno de vicios desde el principio (incendio intencional, cobro de seguro, intento de venta de usucapión, etc)
En definitiva, un importe base mal impreso en un cartel de obra no siempre anula una subasta, pero nunca es un detalle irrelevante. Es una irregularidad que expone el proceso, debilita la confianza y deja abierta la puerta a cuestionamientos que podrían haberse evitado con mayor cuidado en un acto que involucra fondos públicos.
Lluvia de memes
La Comuna no ha informado oficialmente sobre el error en ningún comunicado y parece querer cambiar las cosas y barrer todo debajo de la alfombra otra vez. Sin embargo, la foto explícita ya recorre las redes y servicios de mensajería provocando una lluvia de memes creados por los usuarios. Estos son algunos de ellos:
Más allá de las bromas en internet, todo el asunto es realmente poco serio: la Comuna está concentrada en atacar a las personas que piden transparencia en el proceso en lugar brindar los datos que tiene que dar para una cuestión de tanta importancia. Así es como los primeros interesados en hacer que salga la venta, el intendente y el abogado de la municipalidad puntualmente, son los que más están boicoteando su propia iniciativa. Con la complicidad de buena parte del periodismo local y "quemando" trolls y militantes en redes sociales, el intento del Ejecutivo va camino a un nuevo fracaso, lleno de vicios que alimenta descuidadamente mientras intenta acusar a los demás por su propia impericia.
