Finalmente el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea dictaminó la medida cautelar de amparo sobre la subasta del Complejo Casino, por lo que el proceso quedará suspendido hasta tanto no se regularicen los trámites pertinentes.
La medida fue dictada esta tarde en virtud de ciertas irregularidades detectadas en el proceso, que en los últimos días conoció una campaña mediática que movilizó todas las energías del estado municipal y sus medios de comunicación.
La decisión judicial podría desencadenar procesos penales sobre los funcionarios responsables de la iniciativa, incluyendo al intendente Arturo Rojas y su secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, quienes impulsaron la subasta, por incumplimiento de deberes de funcionario público y otros cargos.
La decisión estuvo fundamentada, entre otras cosas, en la inexistencia de la información correspondiente al proceso, requerida a principios de diciembre y desestimada por el Ejecutivo incluso antes que la ordenanza que permitía la subasta fuera aprobada.
En los últimos días la Comuna lanzó una fuierte campaña de escarnio y presión sobre la ingeniera Susana Laborde, quien requirió la información en primera instancia; su abogado patrocinante, Juan Pablo Molina; y el propio juez a cargo de la decisión, el Dr Carlos Herrera. La presión mediática no dio resultado y el amparo fue notificado esta tarde.
Aunque todo el asunto estaba muy flojo de papeles, el Concejo Deliberante aprobó de apuro a fines de diciembre una ordenanza para la que la gestión Rojas puso todo su empeño, aspirando a entregar el complejo a la mitad del valor que había tasado en 2020 a un solo oferente que fue presentado públicamente a último momento este mismo viernes.
Por el intento fallido podrían desencadenarse ahora denuncias penales sobre los funcionarios y el intendente, llevando a un proceso legal que podría terminar en prisión para los imputados si termina de comprobarse que todo el movimiento se hizo a sabiendas de las irregularidades, como es la sospecha principal.