Necochea
Subasta del Casino suspendida por la Justicia: ¿La sociedad de Necochea avala la falta de transparencia?
11:25 |
La declaración de una emergencia ha sido frecuentemente la herramienta que diferentes gobiernos usan para llevar adelante políticas a espaldas de la población sin tener que dar demasiadas explicaciones, dado que la situación de emergencia contempla un determinado pragmatismo que evita el normal camino administrativo porque la urgencia y el tiempo para atenderla apremian. Esta forma de gobernar, en la que el fin justifica cualquier medio, se ha vuelto una insana costumbre en los últimos años en Necochea y sigue intentando normalizar la falta de transparencia mientras estigmatiza negativamente a quienes se atreven a oponerse.
En nuestra ciudad esa idea se puede ver claramente en los frecuentes intentos de avance sobre el espacio público, con la sistemática complicidad de los gobiernos municipales de turno, que no tienen ningún reparo en intentar garantizar que se produzca negocios de apropiación pretendidos. Tal es así, que se ha evidenciado cómo en las últimas décadas se han dejado en estado de abandono bienes públicos y edificios enteros –caso testigo el Complejo Casino- para generar una emergencia que permita una solución extraordinaria desestimando la aplicación de la ley.
El caso del complejo Casino, hoy con cartel de subasta (actualmente suspendida por un recurso de amparo), contó con todos los ingredientes de esta operatoria.
Hay un dato ineludible: desde el incendio del Auditorium la gestión del intendente Arturo Rojas abandonó el Complejo. Aunque acusó a su antecesor de suspender las concesiones, lo cierto es que estas ya estaban casi inactivas y funcionaban a cuentagotas, por lo que el derrumbe de una mampostería del Auditorium aceleró la decisión por razones de seguridad en 2018. Dos años después, en 2020 el incendio del teatro disparó un primer intento de entrega express que fracasó porque la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de Ernesto Povilaitis no había hecho bien los trámites necesarios. Y como no se pudo entregar, comenzó el abandono definitivo, exponiendo por voluntad política la peor imagen posible.
Esa imagen luego asistió al interés de instalar una situación de emergencia que resulta funcional al relato oficial de “la venta como única salida”. Durante el primer intento de entrega Cuatro Vientos advirtió que la idea era llevar el complejo a remate con un solo oferente pautado, ficcionando inversiones salvadoras en medio de la urgencia, algo que finalmente está sucediendo ahora.
No hay crimen sin cómplices
Para crear cierto concenso a pesar de lo evidente del desfalco, se necesita una sociedad cómplice que avale toda la operatoria creada con desinformación y manipulaciones varias. Y para eso es que la gestión de Arturo Rojas usa la pauta publicitaria oficial. A través de los medios pautados, esa idea de “venta como única salida” corre como reguero de pólvora durante meses hasta que se convencieron, puertas adentro del Ejecutivo, que se alcanzó un consenso social al respecto.
En el caso del Casino, el Ejecutivo logró aprobar la Ordenanza para su subasta en tiempo récord, presionando para que fuera aprobada antes del 10 de diciembre pasado, día del recambio del Concejo Deliberante. Luego, cuando la nueva conformación, con el oficialismo en minoría, aprobó una modificación en la que exigía más transparencia en el proceso, el intendente la vetó de inmediato.
Desafortunadamente para quienes planeaban la entrega, en la semana previa a la subasta pública, cuando parecía que todo estaba encaminado, el juez en lo Contencioso Administrativo, Carlos Herrera, dio lugar a un recurso de amparo de los vecinos al detectar serias irregularidades en el cumplimiento de los requerimientos legales obligatorios para darle curso al proceso.
La noticia cayó como un balde de agua fría para el Ejecutivo y los medios de comunicación militantes fueron lanzados a tratar de torcer la decisión judicial en favor de la venta del Complejo. Más aún cuando este viernes por la mañana anunciaron que el grupo empresario A Toda Vela S.A. (que se quedó con la concesión del ex Balneario ACA) era el único interesado en la puja ficticia.
Ante la posibilidad de que se suspendiera la subasta, comenzaron los ataques contra los involucrados en el recurso de amparo y reflotaron por enésima vez el desgastado recurso de “La Necochea del No”. El mensaje se amplificó por repetición y generó una falsa sensación de consenso. Algunos mercenarios mediáticos que se llaman a sí mismos "periodistas" tejieron ideas absurdas de todo tipo aunque en ningún caso pidieron la transparencia debida. De hecho, sólo se limitaron a repetir el discurso oficial y a atacar sin argumentos a quienes se animaron a pedir transparencia.
En en el mundo institucional, por omisión o colaboración, los cómplices abundaron: los libertarios ficcionaron apenas una oposición pautada con el oficialismo buscando propaganda pero enseguida se callaron (de hecho, ni siquiera se expresaron ante el amparo); los peronistas de todas las extracciones literalmente se quedaron mirando y apoyaron la venta; los casineros de golpe militaban la venta en las redes sociales a pesar que llevaban años de reclamos en contra de la entrega; fiscales y jueces se quedaron en silencio (a pesar de los reclamos) cuando el intendente intentaba condicionar públicamente al juez Herrera y acusaba al abogado de los ambientalistas por el reclamo...
En ese contexto es que surge la pregunta de si la sociedad de Necochea avala esta falta de transparencia, indicador fuerte de posible corrupción política. Resulta curioso cómo algunos sectores omiten reclamar transparencia en actos de gobierno que resultan trascendentales y, en cambio, eligen atacar gratuitamente a personas que solo exigen que el Estado brinde la información correspondiente sobre las políticas que llevan adelante.
Y llama poderosamente la atención que este tipo de procedimientos siempre surgen cuando se cuestiona un avance sobre el espacio público donde se presume que la poca transparencia favorece a un sector empresario que busca montar un determinado negocio a instancias del Estado. Allí, cuando las acciones ciudadanas colectivas toman fuerza, surgen las campañas masivas de desprestigio.
Antecedentes
No solo la venta del Complejo Casino despertó este tipo de resquemores. En 2015, cuando la Confederación Argentina de Hockey –entonces presidida por Aníbal Fernández- donó una cancha de césped sintético y el Gobierno municipal, en ese entonces comandado por José Luis Vidal, eligió montarla en un sector en recuperación del parque, sucedió algo similar.
En aquel momento, grupos ambientalistas, advirtieron que instalar la cancha de hockey en el lote Mar 3 del Parque Miguel Lillo representaría un enorme daño ambiental, ya que ese sector estaba en un proceso de reforestación y recuperación. Además, la zona no contaba con servicios esenciales como agua y cloacas ni tampoco accesibilidad, ya que ninguna línea de colectivos llegaba hasta el lugar. Sin embargo, estos reclamos eran ignorados y a estas personas se las acusaba abiertamente de ser parte de “La Necochea del No”.
Los ataques sistemáticos se repetían bajo el mismo modus operandi que puede evidenciarse hoy. El proyecto promovido por Vidal se estancó y, con la llegada de Facundo López al poder, se decidió lo que era obvio desde el principio: emplazar la cancha en el Polideportivo Municipal, dotado de servicios y con total accesibilidad. Casi una década después, han pasado cientos de equipos por el predio para participar de los distintos torneos de los que forman parte los equipos de hockey a nivel local. El tiempo le dio la razón a los ambientalistas.
Algo similar pasó con la planta de acopio de fertilizantes en sitios 11 y 12: aunque los papeles no estaban en regla y existe un peligroso riesgo de explosión si se mezclan fertilizantes y combustible (como podría ser el caso entre el UAN y el Fuel Oil de la Central Termoeléctrica instalada al lado de la planta), en aquel entonces la obra quedó pasarada por 9 meses por un amparo hasta que se destrabó por intervención política del macrismo. El presidente del Consorcio portuario en aquel entonces era Arturo Rojas, quien prefería no darle entidad al conflicto para no arruinar su campaña electoral creciente. Seis meses después de su inauguración, cuando Rojas ya era iuntendente, el muelle de carga de la planta de acopio se derrumbó por defectos constructivos y no causó una catástrofe de milagro. Otra vez los ambientalistas tenían razón, pero el relato de la "Necochea del No" siguió intacto.
La falta de transparencia parece una constante en las gestiones de Arturo Rojas y por eso se alimenta con tanta furia el falso relato de la "Necochea del No". Con ese concepto se intenta desacreditar reiteradamente a todo aquel que solicite lo que debiera ser el procedimiento normal: ejercicio transparente y adecuado de la normativa prevista para la gestión de las cosas.
El intento de instalación de las canchas de tenis en terrenos del Vivero Municipal por parte del club Villa Díaz Vélez mostró el mismo escenario. En 2021, La escuela de fútbol Villa Díaz Velez presentó un proyecto para el cual requería quedarse con tierras del Parque destinadas al cultivo de nuevas especies para el parque. Como la gestión Rojas no le destinaba un peso a esa cuestión, quiso aprovechar para darle la tierra a sus amigos con clara operación del presidente del HCD del momento, el hoy devenido en libertario concejal Guillermo Sánchez.
Integrantes de la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo recurrieron a la Justicia para preservar el espacio verde no por ecología, sino por la descarada apropiación de lo público, advirtiendo serias irregularidades en el proceso administrativo. Los medios pautados nuevamente jugaron su rol y pusieron a un sector de la sociedad en contra de quienes buscan proteger al Parque, quienes avalaban que se construya el predio, aunque las formas de proceder no sean transparentes. Una vez más se avalaba la corrupción “en pos del progreso”. El intendente salió públicamente por medios oficiales a amenazar al juez que decidía el amparo, que era precisamente Carlos Herrera, que hoy nuevamente impuso el amparo por el Casino.
Legitimando la truchada con desinformación
Está visto entonces que cada vez que se producen procesos claramente viciados o irregulares en los procesos administrativos, se desatan mecanismos que intentan legitimarlos de manera muy desvergonzada. Y si alguien intenta cuestionarlos, comienzan los ataques y el uso del concepto de "la Necochea del No", como si pedir que se hagan las cosas bien fuera un escollo al progreso y demás argumentaciones falaces de los repitentes, que suelen ser siempre los mismos: el hilo común en los últimos años ha sido el sector que acompaña al intendente Rojas, que desplegó un aparato de publicidad propio siempre con dinero público, primero con el Consorcio de Puerto Quequén y luego con la Municipalidad de Necochea.
En ese camino, con "medios de comunicación" cómplices, "periodistas" mercenarios, funcionarios de evidente corrupción y militancia en redes por destajos municipales; el intento de legitimar procesos cuestionables una y otra vez tiene a quienes abogan por la turbiedad como forma de progreso agrediendo y estigmatizando a los que solamente piden que las cosas se hagan por derecha. El caso de los ataques contra la ingeniera Susana Laborde en los últimos días es un ejemplo de ello.
Y así es como en situaciones de esta índole, la sociedad necochense que se auto percibe muchas veces como “apolítica” termina cumpliendo un rol colaboracionista con el poder de turno que se confabula con sectores empresarios para operar al margen de lo estipulado por la ley o en las tinieblas de la burocracia.
Cabría preguntarse entonces si es factible pensar en el desarrollo para una ciudad que legitima la evidente falta de transparencia con tal de salir de unja emergencia que en casi todas las veces es inducida por la desidia voluntaria. Después de todo, los medios pautados y los esbirros mediáticos de mala fe del intendente Rojas se han esforzado en repetir que el abandono del Casino tiene raíz en gestiones anteriores mientras evita observar que en los últimos 5 años el Jefe Comunal ni siquiera mandó a barrer escombros del lugar con la clara intención de mostrar una ruina que legitimara la entrega.
