"No decimos que no a la venta": ¿Cuáles son las causas que frenaron la subasta del Casino?

A pesar de la preocupante oleada de desinformación promovida sin reparos por el Departamento Ejecutivo de Necochea  a través de los medios de comunicación de sus funcionarios (principalmente el secretario de Legal y Técnica del municipio Ernesto Povilaitis) y el cacareo permanente de los trolls y militantes interesados en las redes sociales, el amparo que detuvo la subasta del Casino esta semana tuvo argumentos muy claros y específicos  que llevaron al juez en lo Contencioso Administrativo Carlos Herrera a tomar la medida cautelar con total razonabilidad y lejos del "capricho" que menciona el oficialismo.

Cuando se despeja el ruido es muy nítido el argumento: un grupo de vecinos cuya representante visible fue la ingeniera Susana Laborde, requirió información precisa sobre el proyecto de subasta en vistas de numerosas consideraciones que el intendente se negó a explicar y que tienen un sentido práctico muy tangible que afectaría directamente la vida de la comunidad en el corto plazo.

La decisión del juez estuvo basada en dos puntos centrales: la falta de estudio de impacto ambiental con participación ciudadana y la no intervención de la Comisión de Patrimonio, requisito establecido por ordenanza que el intendente desestimó en su apuro.

Por un lado, la falta de participación ciudadana en la iniciativa no es un tema discursivo, de moral o ética sino un requisito indispensable establecido por ley con fines prácticos muy concretos que habilitan una sucesión de trámites indispensables para dar curso al proyecto. Sucede que la participación de los ciudadanos a través de distintos mecanismos (consultas populares, mesas de trabajo, audiencias públicas, etc) son fundamentales para hacer un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental no se refiere a la ecologia o medio ambiente solamente, sino a cómo determinado proyecto afectaría a toda la comunidad.

Por ejemplo: ¿qué pasaría en la Villa Balnearia si se construyen 5 torres más de las que ya hay? ¿Cómo afectaría eso a la red de servicios? ¿Modificaría el proyecto el mercado de propiedades? ¿Perjudica o beneficia a la red de tránsito? En definitiva, ¿qué clase de perjuicios y beneficios genera el proyecto?

Para la aprobación de un estudio de impacto ambiental es también indispensable que el gobierno provincial habilite el cambio de uso de los terrenos que permite establecer los indicadores urbanísticos. Actualmente esos indicadores se encuentran en una categoría especial dentro de la nomenclatura provincial destinada a un uso específico de Casinos. Recordemos que los usos de los terrenos son clave para determinar el valor de lo que se vende, por ende, sin la participación ciudadana no es posible el estudio de impacto ambiental que entonces da lugar al trámite que permite establecer un valor de venta. El municipio decidió presentar 'a ojo' el valor, lo que provocó en primer término que empezaran las preguntasn(y sospechas).

El nudo en el que se metió el municipio con total impericia es aún más complicado porque para el estudio de impacto ambiental se precisa que haya un proyecto específico que indique lo que se va a hacer en el lugar en primera instancia. Y el municipio no tiene ningún proyecto para el lugar más que la entrega porque no están convalidados los indicadores, por ende no puede empezar con el estudio de impacto ambiental ni mucho menos requerir la participación ciudadana y así.

En segundo término, la Comuna no dio intervención a la Comisión de Patrimonio. En este punto, vale recalcar que el Complejo Casino es parte del patrimonio municipal y según la ordenanza vigente, debe darse intervención a la Comisión si se quiere hacer una modificación al patrimonio. Teniendo en cuenta que el Complejo es una parte muy sustancial del patrimonio municipal, no haber dado intervención a la comisión es sin dudas una falta grave que fue debidamente observada por el juez para dictar la cautelar de amparo.

Agrupaciones interesadas en la protección del patrimonio municipal participaron junto a la ingeniera Susana Laborde en los pedidos de información y posterior solicitud del amparo en virtud de esas consideraciones, que lejos de ser un "capricho" (como intentan reflejar los medios de la Comuna) se trata de la defensa de los intereses de la comunidad, para sacar real provecho de una venta en caso que se llevara adelante.

No es en contra de la venta

En vista de todas esas consideraciones es que la falta de transparencia evidente y la connivencia de la propaganda oficial y muchos "periodistas" locales resulta aún más grosera: en la gran mayoría de los casos sólo se promovió un escarnio ficticio sin argumentos, alimentando sin escrúpulos la desinformación oficial.

Aunque hubo algunas contadas excepciones. Tras el amparo de este viernes, la ingeniera Laborde concedió contadas entrevistas para explicar la perspectiva del reclamo que impulsó y le valió semejantes ataques. En el programa "Sin cepo", conducido por Marcelo Aspiroz en Radio Necochea, la ingeniera tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos libres de escarnio o consideraciones tendenciosas.

"En esto somos claros: no decimos que no a la venta, si la comunidad lo decide, venderemos en las condiciones que correspondan y con los trámites y pasos que correspondan y haciendo los trámites de patrimonio que correspondan", señaló Laborde respondiendo a las consignas maniqueas que lanzaron desde la COmuna para desviar la atención y confundir el debate. 

"Nosotros como ciudad tenemos que pensar que hay leyes y tenemos que empezar a cumplirlas. Desgraciadamente estamos tan acostumbrados a la anomia absoluta que naturalizamos que las cosas se hagan así ‘y bueno, hay que venderlo porque mirá como está’. Y esto que pasa con el Casino está armado para que ocurra así: lo quemaron, tuvo un montón de cuestiones y lo dejaron venir abajo", sostuvo. Aunque la propaganda se ocupó de difuminar la responsabilidad del intendente Arturo Rojas, está a la vista de todos que la actual gestión pasó 5 años exhibiendo el deterioro sin siquiera enviar cuadrillas a limpiar, remover escombros, quitar vidrios vandalizados o tapiar ventanales para evitar intrusiones.

"Entonces hay una intención en todo eso y es netamente político, precisamente para que ocurran todas estas cosas, para que la gente frente a la ruina decida ‘bueno, sí, saquenmeló de encima’", sintetizó quien hasta hace poco fue directora provincial de Hiudráulica para la región de Necochea.

¿Arturo y Ernesto presos?

Más allá del abandono evidente y voluntario de la gestión Rojas, todo el proyecto para la entrega ni siquiera hizo consideraciones a futuro, porque nuevos desarrollos en la ciudad tendrían consecuencias serias en el marco de los problemas actuales que atraviesa la ciudad. Un desarrollo sin planificación afectaría al parque y las zonas circundantes agravando aún más los problemas que ya tiene la ciudad... y todo en nombre de un desarrollo que en la práctica resultaría un inconveniente aún mayor.

Laborde explicó que si en donde actualmente está el Complejo está previsto que se construyan edificios calculados para 1000 personas, hay que pensar en una planta de afluentes cloacales porque “1.000 personas más es una tonelada de caca y sabemos bien que la cloaca está ‘detonada’”. “En toda la playa hay olor porque sabemos bien que hay pluviales mezclados con cloacas y cuando sale al río no tiene límites y está abierta… entonces ¿vamos a permitir que todo eso nuevo siga bajando al río a cielo abierto pero pasando por toda la ciudad?”

En ese punto es donde resulta indispensable hacer un estudio de impacto ambiental que el municipio evitó porque sencillamente no lo tiene. Y no lo tiene porque no hay proyecto, no tiene los indicadores urbanísticos que necesita, no dio participación ciudadana y toda la serie de irregularidades flagrantes en las que incurrió mientras impulsaba su proyecto con propaganda, escarnio en redes y demás artilugios que buscan influir en la opinión pública como si fuera una campaña proselitista aunque estén completamente fuera de la ley.

Y aunque en el Ejecutivo insistan con la irregularidad, tratando de convertir todo el tema en algo solamente político cuando es una cuestión legal, de seguir en el mismo camino (como declaró el intendente recientemente), lo cierto es que este procedimiento podría disparar causas penales en su contra y contra el secretario Povilaitis, principal impulsor de la iniciativa desde que el incendio intencional impune disparara en principio la justificación del abandono desde el 2020.

En vistas del daño que podrían causar a la ciudad por el intento de entrega fuera de la ley es que cargos como defraudación al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público se suman a una lista de acusaciones que podrían poner al intendente y sus funcionarios tras las rejas. Mientras tanto, enfocado en operar en redes sociales, el Ejecutivo y su propaganda hacen caso omiso a cualquier advertencia y siguen adelante en un curso que ya no sólo es fangoso para sus intenciones políticas sino para su futuro inmediato y su continuidad en el cargo que ocupa.