El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes sin prisión preventiva en el marco de una investigación judicial que indaga un presunto entramado de corrupción dentro del organismo estatal.
La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien lo imputó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada contra la administración pública y asociación ilícita. Además, se ordenó un embargo superior a los 200 millones de pesos sobre sus bienes.
La causa apunta a una presunta maniobra sistemática de desvío de fondos vinculada a la compra de medicamentos y servicios para personas con discapacidad.
El procesamiento alcanza también a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como segundo de Spagnuolo en la ANDIS, y al empresario Miguel Ángel Calvete, junto a su hija Ornella Calvete.
Asimismo, fueron incluidos otros 14 acusados con estrechos vínculos con droguerías y empresas proveedoras del Estado.
Según la investigación, los involucrados habrían actuado de manera coordinada para beneficiar intereses privados mediante contrataciones irregulares y retornos económicos ilegales.
En su resolución, el magistrado sostuvo que la investigación permitió reconstruir un esquema organizado dentro del organismo:
“Se logró comprobar un entramado de corrupción institucional cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con funcionarios de máxima jerarquía y operadores externos actuando de manera conjunta en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Casanello fue aún más contundente al describir el rol del organismo:
“La Agencia fue cooptada y utilizada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en desmedro de su verdadera finalidad: la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
La investigación se inició tras la difusión de audios telefónicos en redes sociales y medios de comunicación, en los que una voz atribuida a Spagnuolo denunciaba un sistema de retenciones del 8% en las compras de medicamentos.
En esas grabaciones se señalaba a Eduardo “Lule” Menem —vinculado a la Secretaría General de la Presidencia— y a la droguería Suizo Argentina como parte de la operatoria.
En uno de los audios, Spagnuolo afirmaba:
“A mí me están desfalcando la agencia”,
y aseguraba contar con mensajes como respaldo:
“Tengo todos los WhatsApps de Karina”.
También mencionaba una presunta distribución de porcentajes:
“A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”.
En registros difundidos por el programa Data Clave, del streaming Carnaval, Spagnuolo sostuvo que había informado directamente al presidente Javier Milei sobre la situación:
“Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.
En las grabaciones, el exfuncionario describía una “gama enorme de negocios” vinculados a descuentos otorgados por droguerías en la provisión de medicamentos.
La causa se desarrolla en un contexto de fuerte tensión social por la situación del sistema de atención a personas con discapacidad. En paralelo a la difusión de los audios, miles de trabajadores y beneficiarios reclamaban la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, debido a los recortes presupuestarios y a los bajos salarios en el sector.
La investigación judicial intenta determinar si los fondos desviados formaban parte de recursos que debían destinarse a la atención directa de personas en situación de vulnerabilidad.