Argentina
Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil: Baja la edad de imputabilidad a 14 años y el debate pasa al Senado
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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa obtuvo una amplia mayoría y ahora será tratada por el Senado, donde podría debatirse en una sesión prevista para el 26 de febrero.
El proyecto fue sancionado con 149 votos afirmativos y 100 negativos. El rechazo provino principalmente de bloques del peronismo, la izquierda y fuerzas provinciales, mientras que el respaldo fue aportado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y otros espacios aliados.
Cómo fue la votación en Diputados
El oficialismo logró construir una mayoría con el acompañamiento de distintos bloques parlamentarios. Sin embargo, se registraron posiciones internas divergentes, como ocurrió en el Frente Renovador, cuyos diputados manifestaron su acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad pero votaron en contra en general, aunque uno de sus referentes aclaró que apoyó el proyecto en la discusión en particular.
Con esta aprobación, el Congreso avanza hacia una reforma de fondo del régimen penal juvenil vigente, una normativa que se remonta a la última dictadura militar.
Puntos centrales del nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto impulsado por el oficialismo establece un sistema penal específico para menores de 14 y 15 años, con un esquema diferenciado del de los adultos. Entre los ejes principales se destacan:
Edad de imputabilidad: se fija en 14 años.
Penas máximas: hasta 15 años de prisión para delitos graves.
Prohibición de prisión perpetua para menores.
Lugares de detención separados de los adultos, con establecimientos especiales.
Régimen de sanciones alternativas, priorizando medidas educativas y de resocialización.
Qué pasa según el tipo de delito
El texto aprobado establece distintos criterios según la gravedad de las penas:
Delitos con penas menores a 3 años: se descartan las penas de prisión.
Delitos con penas entre 3 y 10 años, cuando no haya muerte ni lesiones graves: se priorizan sanciones no privativas de la libertad con enfoque social y educativo.
Delitos graves: se habilitan penas de prisión, siempre en ámbitos diferenciados de los adultos.
El debate por el financiamiento
Uno de los puntos más controvertidos fue el financiamiento del sistema. Durante la sesión, se planteó la necesidad de un mecanismo directo para garantizar recursos, pero el oficialismo rechazó esa alternativa y propuso que la implementación se realice mediante convenios entre la Nación y las provincias.
Desde sectores opositores advirtieron que la reforma no puede trasladar toda la carga económica a los gobiernos provinciales, responsables de crear centros de detención y programas de resocialización.
Qué dijeron los diputados en el recinto
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el espíritu del proyecto y afirmó que el objetivo no es encarcelar masivamente a menores:
“La intención no es amontonar menores privados de la libertad en establecimientos, sino resocializarlos”.
También cuestionó el régimen actual por permitir solo medidas restrictivas poco claras y sin herramientas eficaces de intervención.
Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz criticó con dureza la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, impulsada por el oficialismo:
“Puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país”.
En tanto, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, apoyó la baja de imputabilidad pero reclamó mayor compromiso financiero del Estado nacional:
“Estamos de acuerdo con la baja de la edad y con un sistema para reeducar y resocializar, pero no puede ser que todo el costo lo paguen los gobernadores”.
Por su parte, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, advirtió que la reforma no resolverá por sí sola el problema de la inseguridad:
“No va a alcanzar con cambiar un número en el Código Penal. Vi cómo organizaciones narcos reclutan jóvenes; esto requiere políticas integrales”.
Desde la izquierda, Myriam Bregman rechazó el proyecto y sostuvo que ampliará el margen de acción policial sobre los sectores populares:
“Busca darle más facultades a los policías para hostigar a los pibes en los barrios. La criminalización siempre cae sobre los hijos de la clase trabajadora”.
Además, cuestionó que el Gobierno priorice recursos para la persecución penal juvenil en un contexto de ajuste económico.
Qué sigue ahora: el debate en el Senado
Tras la media sanción en Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde se anticipa un debate intenso por la fuerte división política y social que genera la baja de la edad de imputabilidad.
Si se confirma el temario previsto, la iniciativa podría llegar al recinto el 26 de febrero, en una sesión clave para definir el futuro del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La discusión promete reeditar los cruces entre quienes sostienen que la reforma es necesaria para enfrentar el delito juvenil y quienes advierten que profundiza la criminalización de la pobreza sin atacar las causas estructurales de la violencia.
