El acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocos entre Argentina y Estados Unidos, anunciado a comienzos de febrero por el Gobierno nacional, perdió toda viabilidad política y económica luego de un fallo clave de la Corte Suprema estadounidense. La resolución judicial declaró ilegales los aranceles aplicados durante la gestión de Donald Trump y restableció las tarifas generales para todos los países.
Ese esquema arancelario era uno de los principales beneficios que Estados Unidos ofrecía a la Argentina dentro del entendimiento impulsado por la administración de Javier Milei. Con la decisión del máximo tribunal norteamericano, los productos argentinos deberán pagar los mismos impuestos que cualquier otra nación para ingresar al mercado estadounidense, anulando el diferencial que justificaba el acuerdo.
El convenio había sido presentado con fuerte despliegue mediático tras un preacuerdo firmado en noviembre. Sin embargo, nunca fue ratificado por el Congreso de la Nación, condición indispensable para que entrara en vigencia.
En su momento, el Ejecutivo reconoció que el texto debía ser tratado por el Parlamento. La conferencia de anuncio estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había anticipado que el proyecto podría enviarse durante las sesiones extraordinarias o en el inicio del período ordinario.
Finalmente, el acuerdo no formó parte del temario legislativo, que se concentró en otras iniciativas como la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea.
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue contundente:
“El acuerdo devino letra muerta. El Congreso no debería siquiera tratar un texto que ya implica un perjuicio total sin contraprestación”.
Bianco, funcionario cercano al gobernador Axel Kicillof, sostuvo además que el entendimiento firmado por el Ejecutivo nacional “entrega la industria y la agroindustria en bandeja a cambio de nada”, al perderse el beneficio arancelario que justificaba la negociación.
Con el nuevo contexto internacional y sin ventajas comerciales concretas, el acuerdo difícilmente llegue al debate parlamentario. Fuentes políticas admiten que, tras el fallo judicial en Estados Unidos, la iniciativa quedó virtualmente descartada.
De esta manera, uno de los anuncios más destacados en materia de política exterior del Gobierno nacional corre el riesgo de quedar archivado sin haber sido tratado formalmente por el Poder Legislativo, en medio de fuertes críticas desde sectores opositores y provinciales.