Aumento de impuestos al campo: La propuesta de ATE a Kicillof para pagarle a los empleados públicos

En un escenario de creciente tensión económica, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, ha solicitado de manera "urgente" al gobernador Axel Kicillof la reapertura de las negociaciones paritarias. El gremio fundamenta este pedido en la necesidad crítica de frenar la pérdida del poder adquisitivo al inicio de 2026 y compensar el retroceso salarial sufrido durante los últimos meses de 2025.

El diagnóstico de la entidad gremial, conducida por Claudio Arévalo, señala un deterioro profundo de las condiciones de vida de los trabajadores desde la asunción del gobierno nacional de Javier Milei. Según los informes de ATE, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, la canasta de servicios públicos en el AMBA experimentó un aumento del 593%, superando ampliamente el incremento del nivel general de precios, que se situó en un 200%.

Esta situación, calificada por el gremio como consecuencia de un "modelo de ajuste brutal", motiva la exigencia de una recomposición salarial real. Para viabilizar este aumento en un contexto de recorte de recursos federales, ATE ha presentado una propuesta disruptiva: incrementar la presión fiscal sobre los sectores de mayores ingresos de la provincia. El gremio aconsejó al gobierno bonaerense orientar sus medidas hacia la "apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen".

Entre las medidas específicas recomendadas figuran:

• El aumento del impuesto inmobiliario rural

• El cobro de adicionales para inmuebles situados en barrios cerrados y countries

• La creación de un impuesto adicional al inmueble urbano ocioso

• El fortalecimiento del impuesto a la herencia

El inicio del Ciclo Lectivo 2026 en riesgo

La administración de Kicillof ha intentado cerrar un acuerdo en las últimas semanas, pero sus ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por los gremios estatales, quienes las consideran "insuficientes". El pasado 5 de febrero, el Ejecutivo provincial propuso una suba del 2%, y una semana más tarde elevó la oferta al 3%; ambas fueron declinadas. Las organizaciones gremiales instan al gobierno a realizar un "mayor esfuerzo presupuestario" para alcanzar un acuerdo que refleje las necesidades reales de los trabajadores.

La resolución de este conflicto es prioritaria para el gobierno provincial, que busca garantizar el inicio del ciclo lectivo, programado para el próximo 2 de marzo. El último incremento efectivo otorgado por la provincia correspondió a la negociación de diciembre y enero, donde se aplicó una suba del 4,5%.

Demandas adicionales de los estatales

Más allá de la discusión estrictamente salarial, ATE ha puesto sobre la mesa un pliego de reivindicaciones históricas. Entre ellas, se destaca el pedido de recategorización para todo el personal estatal, el pase a planta permanente de los trabajadores temporarios ingresados hasta diciembre de 2025 y la continuidad de los procesos de estabilidad para becarios. Asimismo, exigen la convocatoria a mesas técnicas para discutir la carrera administrativa y un Convenio Colectivo de Trabajo, abarcando áreas sensibles como Niñez, Patronato, Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, entre otras.