El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

En una extensa jornada legislativa este viernes 27 de febrero de 2026, el Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Tras un debate que se prolongó por siete horas, el oficialismo logró la sanción con 44 votos a favor y 27 en contra, marcando un cambio significativo en la política criminal del país.

La nueva normativa reemplaza una ley con 46 años de vigencia. Los sectores que impulsaron la medida, integrados por el oficialismo y aliados de la UCR, argumentaron que se trata de un "régimen moderno" que busca garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas y la protección de la sociedad. Según los defensores del proyecto, un adolescente de 14 años posee la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos, y sostuvieron que la edad no debe ser una excusa para la impunidad en delitos graves.

Por el contrario, desde bloques de la oposición y organizaciones de derechos humanos se cuestionó la eficacia de la reforma. Los argumentos en contra señalaron que el régimen anterior era superior en términos de tratamiento y que detener a menores de 14 y 15 años podría generar más delincuencia en lugar de resolver los problemas de fondo de la inseguridad. Además, se advirtió sobre la falta de presupuesto plurianual y de condiciones institucionales adecuadas en las provincias para implementar el nuevo sistema.

Tras la votación del régimen juvenil, la cámara alta inició inmediatamente el tratamiento de la reforma laboral, otro de los ejes centrales de la jornada. En este contexto, el Gobierno también obtuvo la media sanción para la reforma de la Ley de Glaciares. El avance de estas iniciativas se da en un escenario de fortalecimiento del oficialismo en el Congreso, logrado a través de acuerdos con bloques aliados que han condicionado la capacidad de la oposición para imponer sus propios proyectos.

La sesión se desarrolló bajo un clima de tensión social. En las inmediaciones del Congreso y en el Obelisco se registraron protestas contra la reforma laboral. La Policía de la Ciudad intervino para liberar las arterias principales, lo que derivó en incidentes, forcejeos y corridas con manifestantes de organizaciones sociales y de izquierda, dejando como saldo al menos un efectivo policial herido.

En el marco de la actividad parlamentaria, también ingresó un proyecto de ley presentado por la diputada Mercedes Llano para exigir un examen psicotécnico obligatorio a candidatos para altos cargos políticos. La propuesta busca evaluar la idoneidad emocional y cognitiva de quienes aspiran a conducir los destinos del país, con el fin de fortalecer la calidad institucional. Con estos debates, el Senado cierra su período de sesiones extraordinarias.