La CGT salió a la calle y pidió que la Reforma Laboral sea declarada inconstitucional

Tras la reciente sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT puso en marcha una ofensiva legal que combina la presión en los tribunales con la movilización en las calles. La estrategia de la central sindical se fundamenta en una "doble vía" judicial, mediante la presentación de recursos de amparo tanto en el fuero laboral como en el contencioso administrativo federal, con el objetivo de ampliar las posibilidades de obtener una medida cautelar que suspenda la aplicación de la norma.

Este lunes, 2 de marzo, dirigentes y delegados realizaron una marcha "testimonial" hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para acompañar la formalización de estos recursos. El lunes 2 de marzo de 2026, dirigentes y delegados realizaron una marcha "testimonial" hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para acompañar la formalización de estos recursos. Esta decisión técnica fue debatida por los asesores legales de la central hasta último momento, resolviendo finalmente avanzar en ambos frentes judiciales de manera simultánea.

A diferencia de lo ocurrido a fines de 2023 con el DNU 70, donde la Justicia laboral invalidó varios artículos por la falta de una situación de emergencia que justificara obviar al Congreso, el escenario actual es distinto. Al tratarse de una ley sancionada por el Poder Legislativo, la norma posee un mayor peso institucional. Esto obliga a los abogados sindicales a demostrar la inconstitucionalidad de artículos específicos, más allá del proceso de su formación.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la reglamentación del derecho de huelga. La nueva ley impone la obligación de garantizar servicios mínimos del 75% en actividades esenciales (salud, transporte y educación) y del 50% en tareas calificadas como "trascendentales". Para la CGT, estas restricciones vulneran derechos constitucionales básicos.

Desde el ámbito político y técnico, las opiniones son divergentes. Jorge Sola, cotitular de la CGT, advirtió que la reforma "se va a chocar contra otra pared" debido a sus supuestas violaciones constitucionales. Por su parte, el exministro de Trabajo Jorge Triaca cuestionó la calidad técnica del texto, calificándolo de "difuso" y advirtiendo que su redacción podría fomentar una mayor judicialización.

Mientras tanto, el Gobierno nacional ha preparado una contraofensiva legal para defender la validez de la ley y evitar que los fallos judiciales bloqueen su implementación. En el sector sindical persiste la incertidumbre sobre el comportamiento de los magistrados laborales, especialmente ante el proyecto oficial de traspasar ese fuero a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y el actual capital político de la administración central. El conflicto, según los diversos actores, marca apenas el inicio de una prolongada disputa en los tribunales.