Otro fallo judicial más por el Casino: Una nueva subasta ahora es imposible

En un nuevo fallo judicial dictado el pasado 25 de febrero de 2026, el Tribunal en lo Criminal Nro. 1 de Necochea hizo lugar a la acción de amparo presentada por vecinos y ambientalistas en 2020, frenando las pretensiones de modificar los usos del suelo en el Complejo Casino sin aval provincial. Se trata de un segundo fallo judicial contra la venta del Casino que llega a reforzar el amparo vigente otorgado a principios de febrero por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo.

Tras más de cinco años de litigio judicial, la justicia local dictó sentencia en la causa iniciada por la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo en 2020, cuando se hizo el primer intento de venta en medio de la pandemia. 

La agrupación proteccionista había solicitado que se declararan nulas e inconstitucionales las ordenanzas y decretos que el municipio había creado para la licitación, impugnando todo el proceso y solicitando un amparo para que se suspendiera todo hasta tanto no se transparentara el proceso.

Igual que en 2025, el municipio había intentado cambiar los usos de suelo unilateralmente (sin convalidarlo con el gobierno provincial), lo que configura un severo incumplimiento a normas básicas del ordenamiento urbano. Aunque la Comuna inició los trámites, nunca los terminó, por lo que la Justicia aceptó el pedido de los vecinos.

En 2020 la Comuna usó el incendio intencional del Teatro Auditorium como disparador para una licitación express que intentó vender el Casino a un oferente único que luego desistió ante las irregularidades que ya se detectaban en ese entonces: la Comuna no tenía el título de propiedad de lo que pretendía vender y cuando los interesados lo supieron, prefirieron retirarse. Luego el segundo llamado a licitación quedó desierto y la causa iniciada por los vecinos siguió su curso aunque lejos de la atención del público.

Según este nuevo fallo en primera instancia, el tribunal declaró la invalidez del Artículo 7 de aquella primera ordenanza (Nº 10.239/20), que pretendía habilitar la construcción de viviendas multifamiliares, oficinas y comercios en el sector del Complejo Casino. Como el gobierno provincial tiene en esos terrenos un uso específico que corresponde a un ítem especial ("Casinos"), la Comuna debía primero conseguir convalidar el uso que pretendía darle con el que consta en la provincia.

Como la intención del municipio era solo la venta del inmueble, sin ningún otro proyecto más que pasar a cobrar, no tenía ningún uso a futuro pautado, por lo que no estudió ambientalmente la factibilidad ni le dio intervención a los vecinos en el marco de ese estudio... una suma de cosas que le impedía tramitar con la provincia un cambio de uso de los terrenos.

Así, la decisión de los jueces Luciana Irigoyen Testa, Nicolás Lamberti y Alejandra Manis se fundamentó en que el Municipio intentó modificar los indicadores urbanísticos incumpliendo requisitos legales esenciales, principalmente la convalidación del gobierno provincial de los nuevos usos que podrían tener los terrenos una vez vendido. Entre los puntos más críticos señalados en el fallo se encuentran:

Falta de convalidación provincial: La ley exige que cualquier cambio en el ordenamiento territorial sea aprobado por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, trámite que el Municipio inició pero que nunca siguió. La Dirección Provincial nunca recibió de la Comuna las gestiones necesarias para continuar con el trámite.

Vacío ambiental y de servicios: La justicia constató la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental y de certificados de factibilidad que garanticen la provisión de servicios básicos como agua, cloacas y energía eléctrica para las nuevas densidades poblacionales proyectadas.

Principio preventivo: Ante la falta de certezas técnicas, el tribunal aplicó el principio preventivo para proteger el "bien público urbano ambiental".

Este segundo fallo llega a sumarse al amparo vigente dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, a cargo del Dr Carlos Herrera, quien decidió conceder la medida cautelar tras constatar irregularidades similares a la ordenanza del 2020 en la subasta que iba a tener lugar el 11 de febrero pasado. El fallo de Herrera considera que el municipio no cumplió con pautas de participación ciudadana obligatorias y tampoco dio curso a la Comisión de Patrimonio, que debe ser consultada para modificar el patrimonio municipal.

Durante el transcurso del juicio, el Municipio dictó una nueva normativa (la Ordenanza Nro. 12.009/25 para la subasta suspendida en febrero) que modificó el escenario original. Esto provocó que el tribunal declarara abstractos (es decir, sin necesidad de pronunciamiento) varios de los reclamos iniciales de los amparistas, como el intento de venta de la calle interna que divide al Complejo.

¿Qué pasará ahora con el Casino?

El fallo impone un condicionamiento severo para cualquier comprador porque la sentencia deja claro que no están vigentes los nuevos usos del suelo. La cosa empeora aún más cuando se considera que la ordenanza de la subasta de 2025 cita el artículo 7 de la ordenanza de licitación del 2020 para fundamentarse.

Cualquier proyecto de edificación futura quedará estrictamente supeditado a que la Provincia de Buenos Aires convalide los indicadores urbanísticos y se realicen todos los estudios ambientales y de infraestructura que hasta ahora han sido omitidos. Además, la justicia condenó en costas a la Municipalidad de Necochea, obligándola a pagar los gastos del proceso judicial por su condición de vencida en el punto central de la controversia. 

Aunque cuando se suspendió la subasta en febrero el gobierno municipal intentó politizar la cuestión e insistir en su voluntad de llevar adelante la venta, los problemas están sustentados literalmente en la impericia del equipo legal de la Comuna, que nunca realizó los trámites pertinentes porque no elaboró ningún proyecto ni evaluó realmente su factibilidad. 

Con ese background de ilegalidad, la Comuna desplegó un aparato de propaganda impresionante para desprestigiar a los vecinos que reclamaron transparencia. Ahora la Justicia por segunda vez dicta un fallo por las irregularidades en torno al Casino que cometió la gestión Rojas, que intenta mantener oculta su nueva derrota, mientras se niega a aceptar que tiene que dejar sus aspiraciones de venta en manos de alguien que sepa como llevarlo adelante velando por los mejores intereses de la comunidad.

En los últimos días desde el Palacio Municipal surgieron versiones que decían que "habría un cierto acuerdo" por el Casino, algo virtualmente imposible en vistas de los dos fallos judiciales encadenados que traban los avances. Por otra parte, el gobierno municipal ni siquiera cuenta con buenos resortes frente al gobierno provincial: aunque el intendente Rojas mencionó el tema en público frente al gobernador Axel Kicillof en la Conferencia de Verano en La Hélice de Quequén, el gobernador decidió mirar para otro lado y señaló que el tema está en manos de la Justicia. De ese modo, sin apoyo político, la iniciativa de la Comuna se vuelve aún más esteril, limitada no por la Justicia, sino por su propia falta de transparencia y pericia al momento de conseguir resultados.