En una resolución clave para el futuro del Complejo Casino, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea decidió rechazar el recurso de reposición interpuesto por la Municipalidad de Necochea para rechazar el amparo que detuvo la subasta a principios de febrero. Con esta decisión, la justicia confirma en su totalidad la medida cautelar que había sido dictada originalmente el 6 de febrero de 2026 en favor de la demandante, María Susana Laborde.
La causa, caratulada como "LABORDE MARIA SUSANA C/ MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS", sumó un nuevo capítulo este miércoles cuando el magistrado determinó que los fundamentos presentados por la Municipalidad el pasado 12 de febrero para tratar de levantar el amparo "no logran convencer al suscripto para cambiar y/o modificar los argumentos" que dieron origen a la protección judicial inicial.
A pesar de la ratificación de la cautelar, el conflicto judicial podría continuar. Ante el resultado adverso del recurso de reposición, el juez resolvió conceder el recurso de apelación que la Municipalidad había interpuesto de forma subsidiaria. Esta apelación fue concedida con "efecto devolutivo", lo cual es un detalle técnico fundamental: significa que, aunque la Cámara de Apelaciones deba revisar la decisión del juez de primera instancia, la medida cautelar dictada permanece vigente y debe cumplirse mientras se tramita el recurso en la instancia superior.
El tribunal ya ha ordenado la formación del legajo de apelación con las copias pertinentes para su elevación a la Cámara, manteniendo la notificación a las partes a través de sus domicilios electrónicos oficiales. Por el momento, la resolución del Juez Carlos Herrera sostiene la vigencia de la protección legal solicitada por Laborde frente a la comuna.
Esta nueva resolución judicial se suma y guarda sintonía con el reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea, reportado por Cuatro Vientos este martes, que también dio la razón a los vecinos en un cambio fundamental que el Municipio omitió: la convalidación de los usos de los terrenos frente al gobierno provincial, un trámite que el municipio nunca terminó y trató de pasar por alto para acelerar la venta.