Aumentos en los peajes de las autopistas porteñas: Denuncian "estafa vial" y "caja negra" de la política

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha autorizado un nuevo esquema tarifario para las autopistas gestionadas por AUSA, generando un profundo rechazo entre los usuarios. Tras una audiencia pública celebrada el 13 de febrero de 2026, definida por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) como un "show no vinculante" y un simple formalismo, la empresa ha quedado habilitada para aplicar incrementos mensuales en los peajes. Este ajuste se calculará sumando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2 % adicional sobre las tarifas vigentes.

CONADUV califica esta medida como una "estafa vial", señalando incrementos históricos exorbitantes desde que el PRO asumió la gestión en 2008: más del 450.000 % en la Autopista Illia y un 270.000 % en la 25 de Mayo y Perito Moreno. 

Un camión que atraviese la Ciudad de Buenos Aires por la Autopista 25 de Mayo o Perito Moreno, paga por viaje en hora pico y tan sólo por unos 14 km, la suma de $ 39.159.Al año (25 viajes mensuales), ida y vuelta (28 km), serán $ 23.495.400, sólo en concepto de peaje.En el caso de un automóvil son $ 11.286.- (ida y vuelta 28 km) por día, y en el año $ 3.385.800.

El conflicto principal reside en el destino de los fondos. Según los informes, solo el 40 % de la recaudación de AUSA se utiliza para el mantenimiento y operación ordinaria de las autopistas. El 55 % restante se destina a obras públicas generales encomendadas por la Ciudad y un 5 % al sistema de subtes.

Para el Comité, esto transforma el peaje en un "impuesto al tránsito" inconstitucional, ya que las obras originales ya están pagadas y amortizadas.Ante lo que consideran una "caja negra y política", el Comité exige la disolución urgente de AUSA, sosteniendo que las tarifas deberían reducirse un 60 % para ser técnicamente razonables. Asimismo, denuncian la ausencia de legisladores porteños en las discusiones y la falta de defensa de los derechos de los usuarios por parte del Ente Regulador. Estos "tarifazos", aseguran, afectan directamente los costos de transporte y los precios de toda la economía.