La CGT hizo una presentación formal en la Justicia para frenar la Reforma Laboral que entró en vigencia este viernes

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó una presentación judicial con el objetivo de detener la aplicación de la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso Nacional. El recurso de amparo fue radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, quien anteriormente intervino en causas vinculadas a decretos de desregulación económica. El recurso de amparo fue radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, quien anteriormente intervino en causas vinculadas a decretos de desregulación económica.

El planteo judicial está respaldado por la firma del triunvirato de la CGT y los líderes de los sindicatos que conforman la central obrera. Los fundamentos de la demanda se basan en la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica. La central sostiene que la reforma transgrede el Principio de Progresividad o No Regresión, el cual prohíbe la adopción de medidas que impliquen un retroceso en los derechos laborales adquiridos. Asimismo, denuncian la violación del Principio Protectorio, cuyo fin es compensar la desigualdad estructural entre empleador y trabajador.

En cuanto a las condiciones de trabajo, el escrito advierte que la nueva normativa permitiría la implementación de jornadas laborales de hasta 12 horas y la eliminación de las horas extras, lo que impactaría directamente en una reducción salarial. Por otra parte, la CGT cuestiona la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones por despido en cuotas y la eliminación de sanciones para empleadores que hayan incumplido con el pago de aportes. También se señala una afectación a derechos colectivos como la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga.

La judicialización del conflicto ocurre tras una movilización a Tribunales y la realización de un paro general que, de acuerdo con estimaciones de la propia central, alcanzó un acatamiento superior al 90%. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, subrayó que la entidad recurre a la Justicia confiando en su objetividad para garantizar el cumplimiento del marco constitucional.