El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 30% de la cobertura educativa y alberga a más de 1,3 millones de estudiantes, atraviesa un contexto de creciente incertidumbre. A los problemas económicos que muchas instituciones vienen acumulando desde hace años —como el atraso en la actualización de cuotas, el incremento sostenido de los costos operativos y la disminución de la matrícula— se suma ahora una nueva preocupación: la presión impositiva que comienzan a aplicar algunos municipios.
Referentes del sector advierten que estas medidas podrían extenderse a otros distritos bonaerenses, lo que generaría un impacto significativo en la sostenibilidad de los colegios privados.
Uno de los casos que generó mayor inquietud dentro del sistema educativo privado ocurrió en el municipio de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 112/25.
La normativa establece dos cambios impositivos relevantes:
Un aumento del 100% en la tasa de seguridad e higiene.
La creación de una contribución obligatoria de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes.
Dentro de esa categoría también quedan incluidas las instituciones educativas privadas, lo que genera una fuerte preocupación entre directivos y representantes del sector.
Según explicaron desde las entidades que agrupan a colegios privados, las escuelas poseen una estructura laboral muy distinta a la de una pyme convencional, ya que cuentan con planteles docentes y administrativos mucho más numerosos.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), Martín Zurita, explicó que este tipo de medidas puede provocar un impacto considerable en las finanzas de los establecimientos educativos.
“Una escuela privada es una pyme particular. No tiene cuatro o cinco empleados como otras empresas pequeñas. En promedio cuenta con entre 60 y 120 trabajadores como mínimo”, señaló.
De acuerdo con estimaciones realizadas por el sector educativo, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales en tasas municipales si se aplican plenamente estos nuevos cargos.
En términos anuales, ese monto podría superar los 20 millones de pesos, una cifra que muchos establecimientos consideran difícil de absorber en el contexto económico actual.
“En la situación que atraviesan hoy las escuelas privadas, resulta realmente difícil de explicar una medida de este tipo. No se está teniendo en cuenta la realidad económica del sector educativo”, sostuvo Zurita.
Desde AIEPA indicaron que se encuentran analizando distintas alternativas institucionales para dialogar con las autoridades municipales y pedir la revisión de la ordenanza.
El panorama financiero de las instituciones privadas también está condicionado por la negociación paritaria docente en la provincia de Buenos Aires.
Según explicó Zurita, el Gobierno bonaerense presentó una propuesta de incremento salarial del 9% en tres tramos para los docentes, que se sumaría a las actualizaciones otorgadas a fines del año pasado.
Desde el sector privado remarcan que no cuestionan las mejoras salariales, pero advierten que los aumentos deben ir acompañados de actualizaciones en las cuotas escolares, ya que de lo contrario las instituciones no pueden afrontar los nuevos costos.
“Las escuelas deben pagar los aumentos salariales, pero si no se autoriza una actualización equivalente en los aranceles se genera un problema financiero muy serio”, explicó el dirigente.
En la provincia de Buenos Aires, cerca del 70% de los colegios privados reciben algún tipo de aporte estatal para el pago de salarios docentes.
Este esquema implica que los incrementos en las cuotas escolares deben ser autorizados por el gobierno provincial, lo que limita la posibilidad de que los establecimientos ajusten rápidamente sus ingresos para compensar el aumento de costos.
Como consecuencia, muchas instituciones señalan que se genera un desfasaje entre ingresos y gastos, especialmente en períodos de alta inflación o de incrementos salariales.
Otro de los temas que genera inquietud dentro del sistema educativo privado es el cierre de colegios registrado en los últimos años.
Algunos de estos casos se dieron en el conurbano bonaerense y también en la ciudad de La Plata, donde varias instituciones dejaron de funcionar por dificultades económicas.
De acuerdo con Zurita, esta tendencia comenzó a notarse con mayor claridad después de la pandemia y responde a una combinación de factores estructurales.
Entre los principales motivos mencionó:
Caída de la natalidad, que reduce la cantidad de alumnos potenciales.
Disminución de la matrícula, con unos 300.000 estudiantes menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años.
Atraso en los aranceles escolares.
Incremento de tarifas de servicios públicos.
Dificultades económicas de las familias, que derivan en mayores niveles de morosidad en el pago de cuotas.
Según describen desde el sector, muchas instituciones privadas logran mantenerse abiertas, pero atraviesan una situación financiera muy delicada.
“Hay escuelas que no cerraron, pero que están en una situación crítica. Algunas están endeudadas o incluso tomando créditos para poder afrontar el pago de sueldos y cargas sociales”, explicó Zurita.
Frente a este panorama, las entidades educativas advierten que la combinación de presión impositiva, caída de matrícula y costos en aumento podría profundizar las dificultades del sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires durante los próximos años.