Tras un nuevo acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades de las cámaras y los gremios legislativos, se definió un incremento salarial del 11,9% escalonado para los trabajadores del Congreso. Sin embargo, el dato que genera mayor impacto político es el efecto automático que esta suba tendrá en los haberes de los senadores nacionales, cuyas dietas brutas escalarán hasta los 11,5 millones de pesos.
El incremento, definido tras una reunión en la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados, se aplicará de forma progresiva entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. El cronograma estipulado comienza con un 2% en diciembre; continúa con un 2,5% en enero; un 2,2% en febrero; un 2% en marzo; un 1,7% en abril y finaliza con un 1,5% en mayo. Este acumulado totaliza el 11,9% de aumento para el personal.
La suba en los sueldos de los senadores no requiere de una nueva votación, sino que responde a un mecanismo automático implementado desde abril de 2024. En aquel momento, la Cámara Alta aprobó un sistema de cálculo de dietas basado en 4.000 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos.
Dicha estructura salarial se desglosa en 2.500 módulos por la dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo. Al estar los módulos atados a los salarios del personal, cualquier mejora obtenida por los gremios se traslada de forma directa a los legisladores. Además, el sistema incorpora una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.
Es importante señalar que la cifra de 11,5 millones de pesos corresponde al monto en bruto. Sobre este total, se deben realizar los descuentos de ley, que incluyen los aportes previsionales y, fundamentalmente, el 35% correspondiente al impuesto a las ganancias.
Una realidad distinta atraviesa la Cámara de Baja, ya que las dietas de los diputados nacionales permanecen desacopladas de los aumentos salariales que perciben los trabajadores del sector, por lo que no percibirán este incremento de forma automática.
La resolución que oficializó estas subas contó con el aval administrativo de ambas cámaras, representado por Alejandro Fitzgerald y Agustín Giustinian (Senado) y Laura Oriolo y Adrián Pagán (Diputados). Por el sector sindical, firmaron los secretarios generales de APL (Norberto Di Próspero), UPCN Congreso (Martín Roig) y ATE Congreso (Claudio Britos).