La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó un fuerte rechazo a la reciente decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de modificar el sistema de aplicación de la vacuna contra la fiebre aftosa en el país.
La medida oficial habilita a los productores ganaderos a elegir de manera directa a un veterinario acreditado para realizar la vacunación, dejando de lado el esquema tradicional coordinado por fundaciones sanitarias. Desde Carbap calificaron la decisión como “inconsulta” y advirtieron que podría afectar el funcionamiento del sistema sanitario que, aseguran, ha demostrado ser efectivo durante años.
Desde la entidad rural, que reúne a decenas de asociaciones agropecuarias de Buenos Aires Province y La Pampa Province, señalaron que el cambio se anunció sin debate previo con el sector.
Carbap recordó que el sistema actual de vacunación fue clave para enfrentar brotes históricos de la enfermedad, especialmente durante la Brote de fiebre aftosa en Argentina de 2001 y el Brote de fiebre aftosa en Argentina de 2006.
Según el comunicado difundido por la entidad que preside Ignacio Kovarsky, el sistema sanitario argentino “se presenta hoy como robusto” y cuenta con indicadores que muestran una situación controlada.
En ese sentido, indicaron que diversos informes del Senasa reflejan ausencia de circulación viral y niveles adecuados de inmunidad en el rodeo bovino.
La polémica surgió luego de que el Senasa publicara la Resolución 201/2026 del Senasa, que introduce modificaciones en la organización de las campañas sanitarias contra fiebre aftosa y brucelosis bovina.
La nueva normativa establece que los productores registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán:
Elegir libremente a un veterinario privado acreditado por el Senasa.
Encargarle la compra, conservación y aplicación de las vacunas.
Realizar las vacunaciones durante campañas oficiales o estrategias sanitarias específicas.
Hasta ahora, estas tareas eran coordinadas principalmente por fundaciones y entes sanitarios regionales, que organizaban la logística de vacunación en cada zona productiva.
Uno de los puntos más cuestionados por la organización rural es que la decisión no se habría discutido en los ámbitos técnicos correspondientes.
En particular, Carbap señaló que el cambio evitó el tratamiento en organismos como:
la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Conalfa)
las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (Coprosa)
Según la entidad, estos espacios fueron creados justamente para analizar y debatir decisiones sanitarias de alto impacto en el sistema productivo.
Otro de los argumentos del Gobierno para avanzar con la desregulación fue la posibilidad de reducir costos para los productores, algo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mencionó tras conocerse la medida.
Sin embargo, desde Carbap sostuvieron que no existe una justificación económica clara que respalde el cambio.
La entidad explicó que cada fundación o veterinario posee estructuras de costos diferentes, lo que puede influir en el precio final del servicio.
Además, remarcaron que el costo actual de la vacunación es relativamente bajo en comparación con el valor del ganado.
Según Carbap, el valor de la dosis aplicada equivale hoy a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente representaba aproximadamente un kilo de carne.
Finalmente, Carbap planteó una serie de interrogantes sobre el funcionamiento del nuevo sistema.
Entre las principales preocupaciones mencionadas por la entidad rural se encuentran:
Quién garantizará que la vacunación se realice en tiempo y forma.
Qué organismo controlará el cumplimiento de las campañas sanitarias.
Cómo se asegurará la cobertura en establecimientos ganaderos de menor escala.
Para la organización, estos aspectos resultan claves para mantener la sanidad del rodeo argentino, uno de los pilares del sistema productivo y de las exportaciones agropecuarias del país.