Otro problema legal para la Muni: Piden informes en el HCD por la contaminación de las napas de agua con el basurero

Sigue sumando problemas legales la Comuna, profundizando la dependencia de la gestión del intendente Arturo Rojas para con la secretaría de Legal y Técnica a cargo de Ernesto Povilaitis: ahora el macrismo le pide al intendente informes por la contaminación de napas subterráneas en el basural a cielo abierto y vuelven a surgir los interrogantes sobre la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y los incumplimientos sostenidos del contrato de recolección de basura en Necochea.

Resulta que el bloque de concejales del PRO Necochea, representado por la concejal María Eugenia Vallota, ha presentado un proyecto de Minuta de Comunicación ante el Honorable Concejo Deliberante para solicitar información detallada al Departamento Ejecutivo sobre la calidad del agua subterránea en la ciudad, la presencia de arsénico y los riesgos de contaminación derivados de la gestión de residuos y efluentes cloacales.

Entre los puntos más preocupantes destacados en los considerandos se encuentran:

- Contaminación por residuos: Se advierte que los basurales a cielo abierto generan lixiviados (líquidos contaminantes) que pueden contener metales pesados y compuestos orgánicos capaces de infiltrarse en el suelo y afectar las napas freáticas. Esta contaminación ya fue probada en el caso de Esbensen, quien incluso llegó a denunciar que sus animales morían por tomar aguas contaminadas por el basural.

- Presencia de arsénico: El documento alerta sobre el fenómeno natural de arsénico en aguas subterráneas de la provincia, vinculado al HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico). Se recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un límite máximo de 10 microgramos por litro para el consumo humano.

- Derecho a la información: Se invoca la Ley 25.831 para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información ambiental que obra en poder del Estado.

El proyecto consta de un detallado pliego de requerimientos divididos principalmente en dos artículos operativos. En el primer artículo se solicita una especie de radiografía de actual estado de las cosas, con 15 puntos entre los que estos son los aspectos clave:

-Estudios históricos: Copia de análisis de calidad de agua y estudios hidrogeológicos de los últimos 10 años.

- Foco en el basural: Información sobre el estado del predio de disposición de residuos, sistemas de impermeabilización, tratamiento de lixiviados y un plazo concreto para el cese de la quema de basura a cielo abierto.

- Red de agua y cloacas: Estado actual del sistema de tratamiento de efluentes cloacales y controles periódicos sobre el agua de red.

- Monitoreo de Arsénico: Resultados de análisis de los últimos 10 años, indicando si se superan los niveles de la OMS y qué medidas de mitigación o remediación se han implementado.

- Infraestructura: Un mapa actualizado de perforaciones y el estado de la planta de separación de residuos sólidos urbanos.

En el segundo artículo, la minuta requiere acciones en el corto plazo para que en un período de no más de 30 días el municipio realice y presente análisis de agua específicos en escuelas, hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el distrito; y la elaboración de un mapa de calidad de agua desglosado por barrios, permitiendo a los vecinos conocer la situación específica de su zona de residencia.

La basura

El pedido de Vallota podría aportar aún más complicaciones a un panorama turbio para el intendente Arturo Rojas en sus dos últimos años de gestión, sobre todo si se tiene en cuenta los profundos vínculos de su mandato con la empresa concesionaria de recolección de basura, cuyo abogado durante años, Ernesto Povilaitis, es actualmente abogado del municipio, lo que genera más de una suspicacia acerca de su forma de conciliar los intereses públicos de la ciudad con sus intereses privados.

Sucede que la contaminación de las napas de agua por los lixiviados del basurero ya fueron debidamente probados en el marco de una causa judicial previa, impulsada por el dueño de los terrenos donde actualmente está el basurero de Necochea, Carlos Esbensen. La contaminación de las napas por filtración de lixiviados tiene que ver con el incumplimiento del concesionario con las obras obligatorias que debía hacer en el lugar y que el municipio nunca obligó a realizar.

A lo largo de toda la causa está impresa la firma de Ernesto Povilaitis, secretario de Legal y Técnica del municipio, quien representó durante cierto tiempo al concesionario contra los reclamos del vecino. Ahora el pedido de informes de Vallota llega para poner atención a un tema sensible que la Comuna (y el funcionario) no solo no resuelven, sino que siguen multiplicando. Después de todo, Povilaitis también es autor del nuevo contrato de concesión de recolección de residuos que prometía la construcción de una planta de reciclado que lleva más de tres años de incertidumbres. 

La contaminación de fuentes de agua públicas configura un grave delito medioambiental que incluso ya tiene jurisprudencia con condenas a prisión sobre los responsables en distintos puntos del país. En Necochea el asunto ya tiene el camino a medio andar, dado que la contaminación de las napas ya ha sido probada en una causa judicial y, en el peor de los escenarios, podría devenir en oleadas de demandas colectivas contra la Comuna e incluso procesos penales contra los funcionarios responsables de los controles y obras que no se hicieron en su momento, tanto como a los que al día de hoy permiten por omisión que la situación se prolongue.