Más pruebas contra Manuel Adorni: Al viaje a Punta del Este se lo habría pagado una productora ligada a la TV Pública

La Justicia Federal puso la lupa sobre el financiamiento de un viaje privado realizado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hacia Punta del Este. Según un recibo que ya obra en poder del juez Ariel Lijo, el costo del tramo de ida de dicho traslado fue cubierto por una empresa privada cuya composición accionaria y vínculos institucionales han despertado una fuerte controversia en el ámbito político y judicial.

De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso la prensa este 19 de marzo de 2026, el pago fue efectuado por la firma Imhouse S.A.. La operación se concretó mediante una transferencia bancaria en pesos por un total de $6.984.180, lo que representaba, al momento de la facturación, un monto aproximado de 4.830 dólares. Este desembolso cubrió el vuelo privado en el que el funcionario nacional se desplazó junto a su familia hacia el exclusivo balneario uruguayo.

El eje del conflicto radica en la figura de Marcelo Grandio, accionista de la mencionada productora Imhouse S.A.. Grandio no solo es un reconocido periodista de la TV Pública, sino que también mantiene una estrecha relación de amistad personal con el Jefe de Gabinete. Esta vinculación adquiere una relevancia institucional crítica, dado que la TV Pública depende de la Secretaría de Comunicaciones y Medios, organismo que se encuentra bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete de Ministros que lidera Adorni.

La investigación avanzó gracias a la información proporcionada por Alpha Centuri, la empresa proveedora del servicio de vuelo, que entregó los comprobantes de pago al juzgado de Lijo. Asimismo, la compañía aérea se comprometió a aportar en los próximos días la documentación complementaria relativa al viaje de regreso, lo que permitiría determinar la totalidad de los gastos y quién asumió el costo final del periplo familiar.

Mientras la noticia continúa en desarrollo, el foco judicial se centra en la posible existencia de un conflicto de intereses o la recepción de dádivas, considerando que un subordinado indirecto —a través de una empresa privada— habría financiado un gasto personal de su superior jerárquico. Por el momento, la causa sigue recolectando pruebas contables para esclarecer la transparencia del financiamiento de los traslados del funcionario nacional.