Está más que claro que el gobierno de Javier Milei tiene en su agenda hacer entrega especial de recursos hídricos del país y trata de presentarlo como incentivo a la actividad minera, algo que como muchas de sus otras iniciativas, está mucho más apuntado a la destrucción de mecanismos de financiación públicos ("Yo vengo a destruir al Estado") que a un esquema programático real de fomento de inversiones.
En ese marco, la Ley de Glaciares por la cuál el gobierno plantea habilitar la entrega de recursos estratégicos en 8 mil kilómetros cuadrados del país (la superficie aproximada de los hielos continentales en Argentina), tiene en estos días una audiencia pública no vinculante cuya desorganización evidente muestra que el gobierno literalmente no está interesado en la participación de la gente como manda la ley para los casos de medio ambiente.
Y como está resultando obvio que todo parece querer ser encaminado hacia audiencias que fracasen y se suspendan, es que los diputados advertidos por la mala fe del gobierno de Javier Milei, preparan un proyecto en Diputados para convocar a una Consulta Popular Vinculante en todo el país, con el objetivo de que la ciudadanía se pronuncie sobre la posibilidad de habilitar proyectos mineros en áreas de glaciares y ambientes periglaciares.
“Estamos ante la mayor inscripción en una audiencia publica de la historia del Congreso Nacional. Ante la restricción que impone el oficialismo para participar de la audiencia a la que se inscribieron mas de CIEN MIL ciudadanos, es necesario convocar al pueblo de la nación para que decida sobre la protección del agua en los glaciares. Y la herramienta es la consulta popular vinculante”, explicó Giuliano.
La iniciativa propone consultar al electorado mediante la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”
El proyecto se enmarca en el debate legislativo abierto tras la media sanción en el Senado de la reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N.º 26.639), una discusión que ha generado una participación ciudadana sin precedentes.
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que el proceso de audiencias públicas convocado para analizar la reforma registró decenas de miles de personas inscriptas, reflejando el alto nivel de interés social en torno a la protección de los glaciares y el uso de los recursos naturales estratégicos del país.
La propuesta busca canalizar esa demanda social mediante un mecanismo institucional previsto en el artículo 40 de la Constitución Nacional, permitiendo que el conjunto del pueblo argentino participe directamente en una decisión de alto impacto ambiental, económico y social.
El proyecto subraya que los glaciares y ambientes periglaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la preservación de los ecosistemas, y que las decisiones adoptadas sobre estos recursos tienen impacto federal, dado que muchas cuencas hidrográficas atraviesan varias provincias.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Caren Tepp, Cecilia Moreau, Martín Aveiro, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Sabrina Selva, Agustín Rossi, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Pablo Todero y Agustina Propato.