El Gobierno irá a la Justicia para no tener que cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto judicial en torno a la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795). Tras el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificó la vigencia de la norma, los equipos jurídicos del Ejecutivo ya trabajan en una estrategia para frenar su aplicación plena, la cual incluye llevar el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia.

La resolución judicial ordena al Estado actualizar los salarios de docentes y no docentes, recomponer el sistema de becas y sostener las partidas destinadas a investigación. Ante esto, la Casa Rosada planea presentar un recurso extraordinario federal. En caso de ser rechazado, como prevén en los despachos oficiales, elevarán una queja directa al máximo tribunal del país.

Mientras se resuelve la disputa en los tribunales, la administración central ha definido una "salida administrativa" particular: cumplir con la manda judicial mediante un esquema de "goteo". Esto implica realizar transferencias mensuales mínimas que permitan cubrir las erogaciones básicas sin que el impacto total del financiamiento se consolide de manera permanente dentro del presupuesto anual. El objetivo es evitar una ampliación del gasto que comprometa las metas fiscales del Gobierno.

El eje técnico de la disputa reside en los artículos 5 y 6 de la ley, que obligan a ajustar los salarios universitarios según la inflación acumulada desde diciembre de 2023. El Ejecutivo sostiene que la norma no define claramente las fuentes de financiamiento, argumento que ya había intentado utilizar mediante el decreto 759/2025 para frenar su ejecución, aunque dicho esquema fue objetado por la Justicia.

A largo plazo, la intención oficial no es derogar la ley, sino modificarla en el Congreso. Se espera el envío de un nuevo proyecto de ley que reemplace la actualización automática por un esquema de financiamiento más acotado y previsible para las cuentas públicas. Como antecedente, el oficialismo observa la reglamentación por decreto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, modelo que podrían replicar para las universidades.

El Gobierno se ampara en su decisión de mantener la disciplina fiscal, algo que considera clave para sostener esta tendencia a la baja en los indicadores sociales, a pesar de las tensiones con el sector educativo.