Impulsan un proyecto para modificar la ley de acceso a la información pública en la Provincia de Buenos Aires

En una jornada marcada por el debate sobre la institucionalidad, el senador provincial Juan Manuel Rico Zini (bloque PRO) presentó una iniciativa fundamental en el Senado bonaerense para modernizar el acceso a la información pública. El proyecto propone derogar la Ley 12.475 —sancionada en el año 2000— para alinear a la provincia de Buenos Aires con los estándares de la Ley Nacional 27.275 y los principios globales de gobierno abierto.

El corazón de esta reforma es la presunción de publicidad: se establece que toda información en poder del Estado es pública por defecto. Bajo este paradigma, cualquier ciudadano podrá requerir documentos o registros sin necesidad de justificar motivos ni acreditar un interés particular, garantizando un acceso universal y desburocratizado.

Para evitar dilaciones administrativas, la propuesta fija un plazo máximo de 15 días hábiles para responder las solicitudes, con una prórroga excepcional de otros 15 días. Un cambio disruptivo es la introducción del “silencio negativo”: si un organismo no contesta en término, se considerará una denegatoria automática, lo que habilita al solicitante a interponer un recurso de amparo ante la Justicia.

La normativa también busca ampliar el abanico de sujetos obligados. La rendición de cuentas no se limitará a los tres poderes del Estado, sino que alcanzará a empresas con participación estatal, concesionarias de servicios públicos, contratistas, universidades provinciales, sindicatos y cualquier entidad privada que administre fondos públicos.

Asimismo, se promueve la transparencia activa, exigiendo la publicación obligatoria y en formatos abiertos de presupuestos, sueldos de funcionarios, licitaciones, transferencias de fondos y declaraciones juradas. Para asegurar el cumplimiento, el texto contempla sanciones severas, considerando "falta grave" cualquier conducta de agentes públicos que obstaculicen, entreguen información incompleta o nieguen injustificadamente los pedidos.

Pese a la relevancia de la iniciativa, su avance parlamentario enfrenta un obstáculo inmediato: la conformación de las comisiones del Senado se encuentra trabada por las negociaciones políticas entre los distintos bloques para definir las autoridades de los cuerpos de trabajo. El éxito de esta ley representaría un salto cualitativo en el control ciudadano sobre la administración pública bonaerense.