El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio un paso decisivo para aliviar las cuentas de los distritos de la provincia de Buenos Aires al firmar el Decreto 358/26. Esta normativa pone en marcha el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una herramienta que, si bien estaba contemplada en la Ley de Presupuesto vigente, aún no había sido activada por el Poder Ejecutivo provincial.
La medida garantiza una inyección mínima de 250.000 millones de pesos para repartir entre los 135 municipios. Según detalla la norma publicada en el Boletín Oficial, esta cifra constituye un piso garantizado que podría incrementarse en función de los recursos que la Provincia obtenga a través de operaciones de endeudamiento, dado que la ley estipula que el 8% de dicho financiamiento debe destinarse obligatoriamente a las comunas.
En cuanto a la ingeniería del reparto, el decreto establece una división clara: el 70% de los fondos se distribuirá siguiendo el esquema del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se canalizará mediante tres programas provinciales específicos. Estos son el Programa de Transporte y Acceso Territorial, el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y el Programa Cultura y Territorio, bajo la órbita del Instituto Cultural.
Para acceder a estos recursos, que tienen el carácter de no reintegrables, los jefes comunales enfrentan una semana de definiciones administrativas. El Gobierno provincial estableció que los intendentes deben presentar sus notas de adhesión formal antes del próximo viernes 10 de abril. Cumplido este requisito, se prevé efectivizar el pago de la primera cuota el 30 de abril.
Este movimiento ocurre en un escenario de fuerte confrontación fiscal con el Gobierno Nacional. Recientemente, el presidente Javier Milei otorgó adelantos por hasta 400.000 millones de pesos a un grupo de 12 provincias, dejando excluida a Buenos Aires. Ante esto, Kicillof mantiene activa su disputa por el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional, que podría ascender a los 15 billones de pesos. La próxima instancia clave será el 21 de abril, con una audiencia ante la Corte Suprema donde el gobernador espera contar con el respaldo de los intendentes.