En medio del plan de privatización de corredores viales impulsado por el Gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Aubasa quedó en el centro de la escena tras denunciar presuntas irregularidades en el proceso licitatorio.
Aunque la compañía había manifestado su interés en competir por la concesión de tramos clave —como la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas—, desde la Provincia ahora advierten que el procedimiento sufrió modificaciones “sustanciales” en la recta final, lo que encendió alarmas sobre la transparencia del proceso.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, confirmó que el Gobierno provincial elevó un pedido formal al Ministerio de Economía para que intervengan tanto la Defensoría del Pueblo de la Nación como la de la Provincia.
“El objetivo es garantizar plena transparencia”, sostuvo el funcionario, quien además solicitó que los organismos actúen como veedores durante todo el proceso de selección de las empresas adjudicatarias.
Desde la Gobernación, Katopodis cuestionó que, a pocos días del cierre de ofertas, se modificaron decenas de artículos del pliego original. Según denunció, estos cambios “alteran las condiciones iniciales” y pueden afectar la competencia entre oferentes.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Provincia fue la modificación de 33 artículos del pliego licitatorio apenas una semana antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
“Se cambiaron reglas cuando el proceso ya estaba en marcha”, remarcó Katopodis, al tiempo que advirtió que estas decisiones “desvirtúan” el esquema de competencia y generan sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación.
Para la administración de Axel Kicillof, el tema es especialmente sensible, ya que Aubasa se presentó como oferente para gestionar tres tramos estratégicos de rutas nacionales.
Por indicación de @Kicillofok, AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur - Atlántico - Acceso Sur que incluye la RN 3, 205, 226 y autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas de la Provincia de Buenos Aires.
— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 6, 2026
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El proceso forma parte de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), que prevé la concesión de cerca de 1.900 kilómetros de rutas en esta fase, dentro de un plan más amplio que apunta a privatizar unos 9.000 kilómetros en todo el país.
Entre los corredores incluidos figuran:
Estas vías atraviesan puntos clave de la provincia de Buenos Aires y son fundamentales tanto para el transporte de carga como para la conectividad regional.
Desde la Provincia, Katopodis defendió el desempeño de Aubasa, a la que calificó como una empresa “superavitaria” y con estándares de calidad comprobables en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2.
En esa línea, cuestionó el modelo de concesión que impulsa Nación y deslizó sospechas sobre posibles beneficios a privados: “No descartamos que haya algún negociado en la adjudicación”, afirmó.
Además, el ministro advirtió que el nuevo esquema podría implicar un aumento en los peajes y la instalación de más cabinas de cobro. “Hay una clara intención de recaudar más”, señaló, en contraposición con el modelo provincial, que —según explicó— reinvierte la totalidad de sus ingresos en obras y mantenimiento.
El llamado a licitación fue oficializado a fines de 2025 mediante la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial. La convocatoria es de carácter nacional e internacional y contempla no solo la explotación de los corredores, sino también su construcción, mantenimiento, ampliación y servicios al usuario.
A comienzos de marzo, Aubasa formalizó su oferta para quedarse con los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa, en el marco de esta segunda etapa.
Actualmente, el proceso se encuentra en fase de evaluación, con al menos diez ofertas en competencia.
Más allá de lo administrativo, la disputa expone un choque de modelos: por un lado, la privatización de corredores viales impulsada por Nación; por el otro, la defensa de la gestión estatal que promueve la Provincia.
En ese escenario, la definición de esta licitación no solo impactará en la infraestructura vial, sino también en el esquema de tarifas, inversiones y control de rutas estratégicas en la Argentina.