En un clima de alta tensión política, la Cámara de Diputados se encamina a debatir este miércoles desde las 15 la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el oficialismo que apunta a habilitar mayores márgenes para la actividad minera en zonas periglaciares.
La iniciativa llega al recinto en un contexto adverso para el Gobierno, golpeado por el escándalo patrimonial que involucra al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación judicial y política genera ruido dentro y fuera del oficialismo.
Con este proyecto, el oficialismo intenta recuperar la iniciativa legislativa y salir del foco negativo que domina la agenda pública en las últimas semanas.
Según estimaciones previas, el bloque oficialista contaría con los votos necesarios para avanzar con la sanción definitiva. Incluso desde la oposición reconocen que el número podría rondar los 140 votos afirmativos.
El respaldo incluye a espacios como:
A este esquema se suman apoyos parciales de sectores de Unión por la Patria y Provincias Unidas, especialmente de legisladores de provincias cordilleranas con intereses vinculados a la minería.
El dictamen de mayoría ya fue firmado en un plenario conjunto de comisiones, mientras que distintos bloques opositores presentaron despachos de rechazo.
Más allá del debate ambiental, el eje político de la jornada estará atravesado por la figura de Manuel Adorni, cuya continuidad en el cargo es cada vez más cuestionada.
La oposición anticipa una sesión cargada de cuestionamientos, con discursos críticos y pedidos formales para avanzar en su interpelación.
Distintos bloques —entre ellos Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Encuentro Federal— impulsarán:
En ese marco, un diputado opositor fue contundente:
“Es una mochila de plomo para el Gobierno”.
La sesión también incluirá otros temas sensibles que la oposición buscará instalar:
En ambos casos, se prevé el pedido de emplazamientos a comisiones para acelerar su tratamiento.
La reforma apunta a modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
El cambio central es la redefinición de las zonas protegidas, permitiendo actividades económicas —como la minería— en áreas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable.
En la práctica, esto habilitaría inversiones en territorios hasta ahora restringidos.
Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición advierten que la reforma podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
Sostienen que:
Además, cuestionaron el proceso de debate en comisiones, señalando que miles de voces quedaron fuera de la audiencia pública.
La discusión sobre la Ley de Glaciares no solo enfrenta dos modelos productivos —desarrollo minero vs. preservación ambiental—, sino que se da en un contexto político delicado.
Con un oficialismo que busca oxígeno legislativo y una oposición decidida a capitalizar el desgaste del Gobierno, la sesión promete ser uno de los capítulos más intensos del año parlamentario.