En medio de una fuerte caída de la coparticipación y el ajuste de transferencias desde Nación, intendentes de la provincia de Buenos Aires intensifican el uso de la tasa vial como herramienta clave de recaudación. Sin embargo, este tributo —destinado al mantenimiento de caminos rurales— quedó nuevamente en el centro del debate por cuestionamientos judiciales y el creciente malestar del sector agropecuario.
El conflicto no es nuevo, pero en las últimas semanas sumó capítulos decisivos con fallos que podrían sentar precedentes en distintos distritos.
Decisiones recientes en municipios como Daireaux y Azul se alinean con antecedentes relevantes registrados en Carlos Casares. Allí, la productora Andrea Passerini logró una sentencia firme que declaró ilegítimo el cobro de la tasa vial debido a la falta de prestación efectiva del servicio.
En la misma línea, en Henderson —cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen— ocho productores rurales obtuvieron un fallo favorable que obliga al municipio a informar el destino de los fondos recaudados.
El juez Pablo Germain, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, fue contundente:
“En materia de acceso a la información pública rigen los principios de informalidad, celeridad y gratuidad”.
A este escenario se suma otro pronunciamiento de alto impacto institucional. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás falló contra el municipio de Baradero, ordenándole brindar información detallada sobre la administración de la tasa vial.
El fallo no solo exige transparencia, sino que refuerza el derecho ciudadano al acceso a la información pública como herramienta de control sobre los gobiernos locales.
El trasfondo del conflicto radica en una ecuación difícil: altos niveles de recaudación frente a caminos rurales en mal estado.
A nivel provincial, el panorama es aún más desafiante: la red vial rural supera los 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son caminos de tierra, altamente vulnerables a las condiciones climáticas.
Desde los municipios, la defensa es clara: la tasa vial resulta indispensable para sostener el funcionamiento básico de la red rural.
El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, apuntó contra el Gobierno nacional por lo que considera una intromisión en la autonomía municipal:
“Con la tasa vial mantenemos los caminos. Gastamos tres veces más de lo que recaudamos. Además, la recaudación cayó porque los productores estaban inundados”.
En la misma línea, desde Daireaux, la gestión de Esteban Acerbo cuestionó un fallo adverso al señalar que:
“No refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales y continuos”.
El debate también llegó al plano político. En Olavarría, concejales del PRO y Juntos impulsaron un proyecto para suspender el cobro de la tasa vial en todo el distrito.
Desde el sector agropecuario, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) celebró los recientes pronunciamientos judiciales.
La entidad fue categórica:
“Una tasa solo puede exigirse cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. De lo contrario, se transforma en un impuesto encubierto”.
Además, advirtieron que el creciente nivel de judicialización responde a la falta de respuestas:
“La transparencia y la contraprestación no son consignas, son la base de un sistema justo y sostenible”.
Con intendentes presionados por la crisis financiera, productores cada vez más movilizados y fallos judiciales que comienzan a consolidar doctrina, la tasa vial se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la gestión municipal en la provincia.
El escenario abre interrogantes clave:
Mientras tanto, el conflicto sigue creciendo y promete nuevos capítulos en el corto plazo.