Necochea
Kicillof modificó la Ley de Obra Pública: Cambios en licitaciones, adjudicaciones y pagos a contratistas
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El gobernador bonaerense Axel Kicillof oficializó una serie de modificaciones en la Ley de Obra Pública de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de agilizar los procesos de contratación y ejecución de proyectos estatales.
Los cambios quedaron establecidos a través del Decreto 623/26, publicado este martes en el Boletín Oficial, y alcanzan a siete artículos de la normativa vigente. Según argumentó el Gobierno provincial, las reformas apuntan a mejorar la eficiencia administrativa y optimizar los mecanismos de contratación de obras públicas.
Buscan modernizar los procesos de contratación
En los fundamentos del decreto, la administración bonaerense sostiene que existe una necesidad urgente de adaptar los procedimientos administrativos a estándares más modernos de calidad, eficacia y eficiencia.
Desde la Provincia señalaron que las modificaciones permitirán agilizar los procesos vinculados a la contratación de obras, además de establecer reglas más precisas para las modificaciones contractuales durante la ejecución de los proyectos.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la redefinición de las funciones del Consejo de Obras Públicas, que tendrá una participación más acotada y enfocada exclusivamente en cuestiones técnicas.
El Consejo de Obras Públicas tendrá un rol exclusivamente técnico
A partir de la entrada en vigencia del decreto, el Consejo de Obras Públicas deberá emitir dictámenes de carácter estrictamente técnico para validar los proyectos que se sometan a evaluación.
En paralelo, el Ministerio de Economía de la provincia quedó obligado a garantizar la previsión presupuestaria necesaria para cada obra antes de su inicio.
La medida busca evitar que se lancen proyectos sin financiamiento asegurado, garantizando que los recursos para completar las obras estén contemplados desde el momento de su aprobación.
Cambian los límites para las licitaciones privadas
Otra de las modificaciones relevantes se encuentra en el artículo 9 de la ley, que regula las modalidades de contratación.
Con la nueva redacción, únicamente podrán adjudicarse mediante licitación privada, concurso de precios o administración directa aquellas obras cuyo valor no supere el equivalente a 400 unidades de medida.
Este indicador está vinculado al valor del metro cuadrado de construcción y funciona como referencia para determinar los montos máximos habilitados bajo estos mecanismos simplificados.
La medida apunta a reservar las licitaciones públicas para proyectos de mayor envergadura económica.
El precio será el principal criterio para adjudicar obras
El decreto también introduce cambios en el artículo 23 de la Ley de Obra Pública, estableciendo nuevos parámetros para evaluar las ofertas presentadas por las empresas.
A partir de ahora, el precio ofertado tendrá prioridad al momento de determinar cuál es la propuesta más conveniente para el Estado provincial.
En segundo término se analizarán aspectos vinculados al costo global, la calidad de la propuesta y las características técnicas del proyecto.
Finalmente, también se tendrán en cuenta las condiciones y antecedentes de la empresa oferente.
Con esta modificación, la Provincia busca establecer criterios más claros y objetivos en los procesos de adjudicación.
Cambios en los pagos a contratistas y eliminación de intereses por demora
Uno de los puntos que podría generar mayor repercusión entre las empresas contratistas está relacionado con el sistema de pagos.
Hasta ahora, la normativa contemplaba un plazo máximo de 30 días para cancelar certificados de obra o facturas presentadas por las empresas adjudicatarias. Además, establecía el pago de intereses moratorios en caso de demoras por parte del Estado.
La nueva reglamentación mantiene el plazo de hasta 30 días para efectuar los pagos, pero elimina la obligación de reconocer intereses por mora cuando existan retrasos.
Asimismo, se establece que los desembolsos deberán realizarse exclusivamente mediante transferencia a cuentas bancarias en moneda nacional, ya sea en el Banco Provincia o en la entidad financiera que posea el contratista.
De esta manera, el Gobierno bonaerense busca unificar los mecanismos de pago y simplificar la operatoria administrativa vinculada a la ejecución de obras públicas.
Qué busca el Gobierno bonaerense con la reforma
Desde la gestión de Axel Kicillof aseguran que las modificaciones apuntan a dotar de mayor transparencia, previsibilidad y eficiencia a los procedimientos de contratación pública.
La reforma también pretende fortalecer el control presupuestario de las obras, delimitar responsabilidades técnicas dentro de los organismos intervinientes y agilizar los procesos administrativos para acelerar la ejecución de proyectos en toda la provincia de Buenos Aires.
