Precedente: Prisión efectiva para los responsables del derrame que mató a Melisa Núñez
La condena a prisión efectiva por 3 años sobre los hermanos Fernando y Emiliano Cañada, responsables de Shippingsuarence, representa todo un precedente en materia de leyes ambientales en el país, sobre todo en lo que atañe al cumplimiento necesariod e las "buenas prácticas" para que el modelo agroexportador, además de rentable, comience a ser más seguro tanto para el medio ambiente como para las personas.
Por unanimidad, el Tribunal que los juzgaba decidió condenarlos por el derrame ocurrido en 2015 en el barrio portuario de Quequén y derivó en la muerte de la joven Melisa Nuñez. La condena no fue por la muerte sino por el delito de infracción al artículo 56, párrafo 1 y 2, de la ley provincial de Residuos Peligrosos.
La pena solicitada por la agente fiscal Silvia Gabriele para los hermanos Cañadase resolvió cuando quedó acreditada la responsabilidad de ambos en el episodio del 13 de abril de 2015 en un depósito de calle 507 Nº 1645 de la firma Shipisuarense SA, donde se hallaban las pastillas de fosfuro de aluminio
Tras un incendio en el galpón y el accionar de los bomberos, restos de pastillas de Photoxin fueron vertidos durante las tareas de limpieza en los desagües cloacales. El photoxin al entrar en contacto con el agua libera el gas venenoso (fosfina) que fue el que ingresó por las cañerías en baños y cocinas de todo el barrio, afectando a una veintena de vecinos y provocando la muerte de Melisa Núñez, de 19 años.
Para la fiscal, en el debate oral surgió que hasta 2015 había un vacío legislativo respecto de la manipulación de residuos agroquímicos, de modo tal que los hermanos Cañada no actuaron en la ilegalidad, pero en su depósito no existían las condiciones de seguridad necesarias, indicó el portal La Palabra.
Gabriele sostuvo que, una vez producido accidentalmente el derrame del producto (fosfuro de aluminio), por haberse actuado en forma negligente e imprudente, se generó una reacción química, iniciándose un incendio, ante lo cual los imputados llamaron a los bomberos y derivaron el producto hacia los desagües pluviales sin saber que a ellos se hallaban conectadas las cloacas. Gabriele subrayó que los hermanos Cañada actuaron con negligencia tanto para con los demás como para ellos mismos, confiando en que iban a evitar el daño fatal que podía producir el episodio.
Florencia Angeletti, representante de Mercedes Fernández, madre de Melisa Nuñez, reivindicó enfáticamente lo que se ha dado en llamar justicia restaurativa, así como la intervención de la organización “Víctimas por la paz”, para que, previamente al juicio, se reunieran los imputados con la familia de la joven fallecida.
Subrayó Angeleti que los hermanos Cañada “fueron absolutamente sinceros con la familia de Melisa Nuñez” en los contactos mantenidos y resaltó que Mercedes Fernández “no tiene sed de venganza”. Consideró que fue un homicidio “de forma culposa” y destacó que hubo “un correlato entre lo afirmado por los Cañada con los testimonios” escuchados durante el juicio”.
De cualquier manera, en el Tribunal primó la consideración de la violación de la ley que garantiza la protección de toda la población y no solo busca resarcir a las víctimas de un caso puntual.
Y apuntó finalmente que “hubo graves negligencias de otras personas” en aquella jornada, en la que si bien se declaró a la prensa que se había dado aviso de lo sucedido a los vecinos del sector para que tomaran precauciones, esto nunca sucedió. De haber ocurrido, se habría evitado la muerte de Melisa Nuñez, así como la intoxicación de otros vecinos.
Por el caso no se han evaluado aún las responsabilidades de los bomberos, la Policía Ecológica o Defensa Civil, así como tampoco de algunos funcionarios municipales que eran responsables de la evacuación inmediata de los vecinos tras el derrame.
