Denuncia en Puerto Quequén: Serias irregularidades en Sitios 11 y 12 que la Justicia local cajonea

La más importante de las concesiones que está desarrollando el puerto en estos días está tan rodeada de elementos oscuros que resulta curioso para más de un denunciante que la justicia no active los mecanismos para detener los trabajos como ha sido requerido.

Sucede que esta semana se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo a cargo del Dr Carlos Alberto Herrera una denuncia que solicita que se establezca una medida cautelar para detener las obras sobre sitios 11 y 12 por diversas irregularidades, aunque hasta el momento el juzgado no ha iniciado acciòn alguna al respecto.

En Sitios 11 y 12 se están realizando movimientos de suelo para instalar una planta de acopio de fertilizantes líquidos y sólidos que representa un grave peligro, dado que estará emplazada al lado de los tanques de fuel oil de la Central Termoeléctrica. De mezclarse los fertilizantes con el fuel oil (por ejemplo, durante un derrame como el que sucedió meses atrás) podría producirse una explosión que barra con manzanas enteras todo alrededor. 

La ONG Surfrider Necochea presentó la solicitud en virtud de haber accedido al estudio de impacto ambiental de la obra. Para otorgar el permiso, la OPDS puso 15 condicionantes cuyo cumplimiento está pendiente en su mayoría. De no cumplirse las condiciones, el permiso no tiene validez.

Fuentes cercanas al Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén desestiman las denuncias argumentando que la OPDS ha otorgado el permiso correspondiente y reconoce que existen condicionantes para la ejecución de la obra, aunque remarcaron que en tanto esos condicionantes no tengan incumplimiento, el permiso está vigente.

La denuncia que solicita la cautelar afirma que precisamente esos condicionantes no se estàn cumpliendo, por lo que el juez debería parar la obra hasta tanto no se de cumplimiento a los mismos, algo que resulta virtualmente imposible por las características de la obra.

Entre algunas de las irregularidades detectadas está que el proyecto no cuenta con aprobación del RENAR, dado que se manejaran elementos explosivos. Además, en la presentación ante ANMAT para revelar el uso de los materiales que se estarán usando en la planta no se declara que se manipulará Nitrato de Amonio, la sustancia que al mezclarse con fuel oil genera un poderoso explosivo (ANFO) que podría hacer volar por los aires una parte de la ciudad.

Por otra parte, en la Dirección de Hidráulica consta que el proyecto no puede realizarse por manipular sustancias tóxicas a menos de 50 metros del cauce de agua del Río Quequén.

Entre los condicionantes estaba además la obligación de los concesionarios de organizar charlas y dar a conocer a la población la naturaleza de alto riesgo del proyecto, algo que tampoco ha sucedido y al día de hoy la mayoría de la población desconoce el enorme peligro que supone la obra para la ciudad, además de los incumplimientos a normas prohibitivas contra la iniciativa.

Sumados a esos incumplimientos está el tema del tránsito de camiones. Se preve la circulaciòn de entre 32 y 50 camiones diarios, cargados con sustancias explosivas, pasando por estaciones de servicio por un camino (Avenida Jesuita Cardiel) donde hay escuelas, la terminal de ombibus con tránsito de pasajeros e instituciones públicas con tránsito de maquinarias pesadas (vialidad). El riesgo de accidentes pone en peligro latente a toda la población.

Tal es el riesgo que en distintos países del mundo está prohibido incluso el cruce entre camiones con nitrato de amonio y camiones con combustible.

Los ambientalistas señalan además que con el movimiento de más fertilizantes aumentará la cantidad de polvillo tóxico en los barrios aledaños y que un derrame de esas sustancias al río podría provocar un desastre ambiental eliminando toda la fauna del lugar.

Son tantas las irregularidades e incumplimientos de los concesionarios que el proyecto de ninguna manera podría estar avanzando si no fuera por la vista gorda que hacen tanto las autoridades del Puerto Quequén como la Justicia.

Los ambientalistas esperan que el juez ahora dicte la cautelar y se detengan las obras hasta tanto no se cumplan con las condiciones que puso la OPDS para aprobar el proyecto que, por lo visto, está flojo de papeles.