Los Transportistas Unidos de Argentina (TUDA) cumplieron ayer su quinto día consecutivo de protesta, en la que impiden la circulación de camiones con carga en los accesos a Necochea y en distintos puntos del país, mientras diversas entidades de la cadena agroindustrial solicitaron a las autoridades que se garantice la "libre circulación" de vehículos y advirtieron los problemas que podría ocasionar en la producción y el abastecimiento la continuidad de la medida.
El paro, al cual le pesa una denuncia penal por parte de la Municipalidad de Necochea, fue declarado ilegítimo y con falta de representatividad este miércoles por distintas cámaras de transportistas.
Durante la tarde de ayer, en una reunión realizada en el ministerio de Transporte de la Nación, representantes de las cuatro cámaras nacionales de transportistas no reconocieron la legitimidad de los manifestantes ni la representatividad de la protesta. En un acta de ese encuentro les pidieron a las autoridades que arbitren los medios ante los organismos de seguridad correspondientes para garantizar “el normal tránsito, la seguridad vial y la seguridad de los bienes y personas”.
El pedido lo firmaron los representantes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), con el argumento de que existe “una mesa de trabajo consolidada y con proyectos avanzados”.
En ese sentido, las entidades empresarias solicitan al Estado Nacional arbitrar ante los organismos de seguridad correspondientes - en el marco de las medidas de fuerza que se vienen llevando a cabo en las rutas y que son de público conocimiento-, el normal tránsito, la seguridad vial y la seguridad de los bienes y personas, señalando los presentes, la ilegitimidad y la falta de representatividad de la protesta.
El ministerio de Seguridad santafesino dispuso el levantamiento de la protesta con una orden a la jefa de la Policía provincial, Emilce Chimenti, para que “intervenga con todas las facultades legales que le competen para hacer cesar estas alteraciones que se comenten en rutas y caminos de la provincia, por las cuales individuos sin representación ejercen la coerción sobre personas, transportes y bienes”.
La primera intervención policial se efectuó en la intersección de las rutas 18 y AO12, entre Rosario y Pergamino, con el retiro de los elementos que, dispuestos sobre el asfalto, impedían el tránsito vehicular.
Tras ese operativo, el ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, afirmó que replicarán el mismo accionar en otros lugares de la provincia “ante cortes de ruta de grupos sin representación gremial”.
Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron en un comunicado “la preocupación de toda la cadena de producción y comercialización de granos y derivados (por las medidas de fuerza que se están llevando a cabo en las rutas, impidiendo la libre circulación de mercaderías e insumos, generando daños económicos que afectan a todos los eslabones de la cadena agroindustrial y ponen en riesgo el abastecimiento para consumo interno y procesamiento, así como el ingreso de miles de camiones que no pueden acceder a los puertos de exportación”, agregaron las entidades bursátiles.
Respecto al pedido de los transportistas para que se establezca una mesa de negociación para discutir su petitorio, autoridades provinciales y nacionales dijeron que no tienen previsto una convocatoria de ese tipo, en especial porque la protesta adolece de una representación gremial empresaria.