Canchas de Tenis en el Parque: Una entrega que huele a podrido desde que se aprobó la ordenanza

En el transcurso de la semana una decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata al respecto del proceso judicial que está en marcha por la entrega de terrenos del Vivero Municipal en el Parque Miguel Lillo mostró avances en la causa que dispararon en principio una noticia falsa que hubo de ser corregida.

A pesar del aluvión mediático oficialista que salió a repercutir una interpretación sesgada de la sentencia (presumiblemente "filtrada" por la Comuna) y de las declaraciones públicas que luego se difundieron, la aclaración completa surgió este jueves del abogado de la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo, Juan Pablo Molina, que lleva adelante la demanda de los vecinos por la entrega de los terrenos.

En conversación con Marcelo Aspiroz para Secretos de Radio (Time Radio 101.1 mhz) el letrado hizo las aclaraciones públicas pertinentes acerca de cuál es el estado real de la causa en cuestión y cuáles son las implicancias reales de la decisión, extrañamente repercutida de manera errónea por la Comuna.

"La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata no se pronunció sobre la medida cautelar, eso hay que dejarlo aclarado: está vigente la medida cautelar y Villa Díaz Vélez no puede hacer ningún tipo de obra, porque si continúa con las obras estaría incumpliendo una resolución judicial, que es la del 10 de diciembre", explicó sobre la decisión conocida el martes. 

"Lo que acá sucedió es que la Cámara anuló una resolución del juez Juliano del 30 de diciembre que rechazaba la petición de la municipalidad y Villa Díaz Vélez de levantar la medida cautelar que hoy está vigente", dijo y agregó: "Fue tan solo eso, es una incidencia dentro del proceso y desde mi punto de vista como que se le dio demasiada relevancia, no sé por qué tanta relevancia". 

La inmediatez con la que replicó la noticia falsa y el volumen mediático que se le dio al tema resultaron de por sí sospechosos, como viene siendo todo lo que está haciendo la Municipalidad para conseguir que finalmente la nueva entrega se concrete. Sin embargo, la verdadera intención de las agrupaciones ambientalistas está centrada en los vicios que tiene la ordenanza que entrega los terrenos más que en el impacto ambiental que genera, algo que ha sido el eje de discusión que buscaron plantear la Comuna y el club en sus argumentos.

Frente al relato oficialista, Molina aclaró: "Se inició la acción de amparo basada en dos puntos principalmente: el primero se pidió la nulidad de la ordenanza por considerar que tiene una serie de vicios administrativos y legales. Y en segundo término también y no de menor importancia, porque no se había realizado la evaluación de impacto ambiental". 

El problema es la ordenanza

El club y la Municipalidad han intentado enclaustrar todo el debate de la cuestión en el impacto ambiental del proyecto, aunque lo que está puesto en cuestión fue la legitimidad de la norma que habilitó la entrega de los terrenos en primer lugar. 

Molina explicó que el amparo concedido el 10 de diciembre de 2021 por el juez Carlos Herrera dio "parcialmente razón a lo que habíamos planteado", aunque se enfocó "en la ausencia de evaluación de impacto ambiental de las obras a llevar adelante y dejando para después el análisis de los planteos sobre la nulidad de la ordenanza 10556".

Es decir, la cuestión de fondo es la ordenanza y los vicios que se produjeron para posibilitar la entrega, lo que hizo que la comunidad percibiera el movimiento casi como un robo habilitado por las propias autoridades municipales, de amplios y conocidos vínculos con la dirigencia del club beneficiado.

"Nosotros entendemos que es una nueva concesión que se tendría que haber otorgado: acá se le sacó supuestamente un predio y se le entregó otro. Eso es una nueva entrega", definió el letrado. Molina destacó que "los términos eran confusos porque se hablaba de sesión de tierras, después sesión en concesión, figura que no existe, entonces se pidió la nulidad de eso". 

Entre algunas de las irregularidades de tiene la ordenanza, señaló que "no tiene las dos terceras partes (N del R: de los votos del HCD) para que esta ordenanza tenga validez, así que ese es uno de los vicios nosotros planteamos. Y todavía sobre esos temas no se dictaminó absolutamente nada, sino que es para la sentencia definitiva". "Nosotros sostenemos que debía hacerse por una licitación, es una nueva entrega la que se le hace, por lo tanto debería ir el procedimiento de licitación, que es lo que no se hizo", agregó.

Estudio y evaluación de impacto ambiental

En el intento de centrar toda la cuestión en el impacto ambiental del proyecto, la Comuna aceleró la entrega de un estudio y previa evaluación del estudio que "desnaturalizó" todo el proceso y lo convirtió en un mero trámite administrativo. El procedimiento normal implica la presentación de un estudio por parte de los autores del proyecto, una posterior evaluación por parte de la Comuna y finalmente la declaración que hace el Ejecutivo sobre ese impacto, un proceso que lleva normalmente varios meses, incluso en los estudios menos rigurosos. La Comuna y el club cerraron el trámite en tan solo 5 días (con los feriados de Navidad del 2021 en el medio).

"Acá la evaluación fue mínima, sin rigor científico, pasó por las oficinas con la firma nada más", señaló Molina. Tanto la Comuna como el club tomaron el proceso de estudio y evaluación del impacto ambiental "como un mero trámite desnaturalizando la importancia de esta situación porque lo que hace la evaluación es darnos a conocer realmente a nosotros si una actividad o una obra va a generar un daño socioambiental y no lo conocemos porque no hay información ni pudo participar la ciudadanía".

"Villa Díaz Vélez presentó un estudio de impacto ambiental pero la realidad es que es mínimo y no es adecuado, con citas de otros ambientes, con citas de 30 años atrás, completamente desactualizados y la verdad es que nosotros lo impugnamos, lo decimos, y queremos que verdaderamente se hagan las cosas bien, tan solo eso". Además, Molina aseguró que el estudio "lo hizo una persona que no corresponde", lo que representó otro argumento para impugnarlo.

A través de sus medios afines la Comuna y el club reivindicaron la existencia del estudio y la evaluación, aunque llamativamente la Municipalidad ha omitido la publicación del decreto de declaración de impacto ambiental de la web oficial. De hecho, falta buena parte de los decretos de toda la última semana del 2021, lo que anima muchas más sospechas que certezas sobre la cuestión.

"Acá no hay proyecto de obra", indicó Molina. "No sé qué declaran ambientalmente apto porque no hay proyecto de obra", agregó. "Desconocemos el proyecto de obra y la verdad es que está viciado el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental: está viciado porque está carente de algunas partes, como por ejemplo, la participación ciudadana", destacó incorporando como un vicio más de la ordenanza la falta de participación de los vecinos que debía ser impulsada por el municipio para una entrega semejante. 

En vistas de las irregularidades patentes, el letrado informó que se solicitó la impugnación del estudio de impacto ambiental presentado. "Nosotros pedimos la nulidad de esa evaluación de impacto ambiental, por lo tanto yo veo muy difícil que se levante esta medida cautelar porque no están las condiciones dadas".

"Nosotros queremos seguir y que termine en la nulidad de la ordenanza que le entrega estas tierras a Villa Díaz Vélez", definió el abogado.

La participación ciudadana

Una de las cosas que más indignó del movimiento que hicieron en conjunto la Municipalidad y el Club fue que todo el acuerdo se hizo deliberadamente de espaldas a la comunidad, lo que podría explicarse en virtud de los múltiples vicios de la ordenanza y lo que habilitó toda suerte de conjeturas y desinformación desvergonzadamente volcada desde el oficialismo.

"Hay dos patas acá que nos están faltando: una seria evaluación del estudio que presenta Villa Díaz Vélez y a su vez, la participación ciudadana", recordó Molina. La gestión Rojas ha mostrado una fuerte pulsión de imponerse en cuanto tema aparezca, obviando procesos democráticos inclusive para cuestiones aún de mayor envergadura que el terreno del vivero en disputa, como ha sido en el caso del intento de venta del Complejo Casino, que también desencadenó una demanda de organizaciones ambientales frente a la pasividad inaudita de todo el abanico político local.

Tan devaluada está la participación ciudadana en el discurso de las autoridades que incluso un concejal aliado del oficialismo actualmente está requiriendo abiertamente al Ejecutivo que derogue la ordenanza que obliga a realizar audiencias públicas por el cuadro tarifario de los boletos de colectivos porque la empresa de transportes a cuyos intereses responde, tiene urgencias económicas.

Así las cosas, con la habitual desinformación que suele volcar oficialmente la actual gestión municipal, la causa sigue su curso y es muy probable que la Justicia termine sosteniendo la medida cautelar para prevenir eventuales daños de los bienes públicos en el aspecto ambiental y, por otro, para evitar una entrega basada en una ordenanza cuyos vicios representan de por sí un escándalo solapado sin rubores aunque esté a la vista de todos.