La Justicia confirmó que se mantiene el amparo por la apropiación de terrenos en el Parque para las canchas de tenis

La Justicia resolvió en las últimas horas mantener la medida cautelar de amparo que detuvo los trabajos en terrenos del Vivero Municipal que la Municipalidad intentó entregar a la Escuela de Deportes Villa Díaz Vélez para que instalara canchas de tenis en el lugar.

A través de la decisión de la jueza Mariana Jiménez, del Tribunal Criminal Nº 1 de Necochea, el amparo otorgado a petición de la Asociación Civil para la Conservación del Parque Miguel Lillo y una vecina particular, se mantiene vigente tras la apelación que hizo la municipalidad en nombre de la entidad deportiva (algo que además habría configurado una cierta irregularidad en el proceso).

En su sentencia, que consta de 14 fojas, la jueza resolvió "MANTENER la medida cautelar decretada en la presente causa en fecha 10/12/21 por el Dr. Carlos A. Herrera consistente en la suspensión inmediata de la actividad y/o ejecución de la obra por parte de la Escuela de Deportes Villa Díaz Velez y/o quien esté a cargo de la ejecución de las construcciones en el predio del Parque Miguel Lillo cuya concesión de uso se les cediera en virtud de la ordenanza 10556/2021 del Concejo Deliberante Municipal, promulgada por el Decreto 2589/2021 del Ejecutivo Municipal, bajo caución juratoria (arts. 195, 196, 199 y ccs. del C.P.C.C.PBA, ley 11.723, LGA 25675, Acuerdo de Escazú 22/9/22, 12:15 14/14 GIMENEZ Mariana JUEZ sobre el acceso a la información participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales ley 27566 entre otros y art. 26 ley 13928 y art. 4 del C.P.C.C.PBA)"

La decisión de la jueza incluye observaciones acerca del Estudio de Impacto Ambiental y la posterior evaluación del estudio, elaborada en tiempo récord entre Villa Díaz Vélez y el gobierno municipal para concretar una entrega que estuvo viciada desde el principio, con movimientos cuestionables en el Concejo Deliberante y una sucesión de irregularidades que provocaron de inmediato la reacción de los conservacionistas y vecinos de a pie que señalaron toda la operatoria literalmente como un robo.

En una primera revisión de la sentencia de la jueza se puede observar que la decisión estuvo vinculada a la falta de rigor científico del estudio de impacto ambiental y la falta de participación ciudadana en la decisión, dos cuestiones centrales en todo tema vinculado al medio ambiente y el uso del espacio público.

Más allá de la falta de rigor científico considerado, de descubrirse que los responsables de su elaboración falsearon datos podrían caber acciones penales impulsadas por los vecinos contra funcionarios, algo que ya sucedió en Necochea en el pasado cuando funcionarios del Ejecutivo durante la gestión interina de José Luis Vidal fueron convocados a prestar declaración por el robo de arena en sectores costeros del distrito.

En aquella ocasión las acciones penales decantaron en la suspensión de las extracciones ilegales, aunque el proceso no siguió ni hubo condena. En esta oportunidad, una sola denuncia penal por "incumplimiento de deberes de funcionarios público" podría iniciar una investigación que eventualmente terminaría con la inhabilitación de los funcionarios responsables y hasta condena a prisión si se comprobaran más irregularidades en los estudios.

Para el caso de las canchas de tenis, la Municipalidad desplegó incluso su aparato mediático intentando condicionar la decisión y dando por hecho que el amparo había sido levantado, algo que en vista de los hechos actuales, terminó siendo una completa falacia. Incluso más, se insinuaron acciones contra los impulsores del amparo en virtud de un perjuicio económico que se habría ocasionado a los desarrolladores de las canchas por los atrasos ocasionados con el amparo.

El gobierno municipal actuó como facilitador de la entrega a través de un trabajo realizado por el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sánchez, quien formara parte de la dirigencia del club que iba a ser beneficiado con la decisión. La votación se realizó de manera express, imponiendo a los concejales su tratamiento dando el tiempo mínimo para su evaluación sin tener en cuenta que se trataba de la entrega de importantes terrenos destinados al mantenimiento del parque que iban a ser usufructuados por privados.

La reacción de los vecinos y ambientalistas se produjo cuando las máquinas arrasaron con el predio de la noche a la mañana, dando curso a un movimiento del que no se conocía ni siquiera el proyecto técnico y por el que nadie parecía dar mayores explicaciones. Aunque la Comuna lanzó consignas "tribuneras" sobre el cuidado que ofrecen al Parque, lo cierto es que en numerosas ocasiones se ha visto la suciedad que quedan tras los partidos en el sector arbolado de las canchas del club y la Comuna ha estado sacando árboles sanos en diferentes lugares con el aparente fin de proveer leña a Desarrollo Social.

En este contexto, la obra ha quedado suspendida y sigue vigente el amparo protegiendo la avanzada sobre el espacio público que intentó la gestión del intendente Arturo Rojas para beneficiar a sus amigos. Se trata de un nuevo revés judicial de la gestión, que en el pasado ha visto problemas legales también en el intento de venta relámpago del Casino, con irregularidades iguales o peores a las que se vieron en el proyecto de las canchas de tenis en el parque. Todo parece indicar que no será el único problema judicial que enfrente esta gestión en virtud del surgimiento de denuncias por robo de horas extra en el hospital y sobreprecios en las contrataciones para espectáculos públicos, entre otras cosas.